El SME y los planes de privatización energética
José Antonio Almazán González
Ese miércoles 10 de abril, ante los reclamos del Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME) exigiendo una solución al conflicto generado por Felipe
Calderón, el secretario de Gobernación afirmó categórico tener instrucciones del
Presidente de la República para resolver el conflicto del SME lo más pronto
posible. Afuera, miles de electricistas esperaban en las inmediaciones del
Palacio de Covián y estallaron en gritos de júbilo cuando la comisión
negociadora de la dirección del SME anunció el compromiso alcanzado.
Han transcurrido más de siete meses y el gobierno no ha honrado su
compromiso, comenzando con la jubilación de mil 400 miembros de la resistencia
del SME, algunos de los cuales se quedaron a unos días o semanas de cumplir los
30 años de servicio en Luz y Fuerza del Centro (LFC) y otros con riesgos de
trabajo con calificación de incapacidad parcial permanente, con derecho a la
jubilación conforme al contrato colectivo de trabajo. Peña Nieto, como antes
Calderón, prefiere administrar el conflicto; Calderón buscó asestar el golpe
final al SME y el actual gobierno, emparejando la solución que ofreció al
desenlace de las iniciativas privatizadoras del PRI y del PAN. En ambos casos se
intenta regresar el reloj de la historia nacional a los años previos a la
expropiación del petróleo, y en el caso del sector eléctrico echar abajo la
nacionalización de la electricidad realizada por Adolfo López Mateos, cuando el
PRI todavía presumía de nacionalista.
Las iniciativas privatizadoras del PRI y del PAN son coincidentes en cuanto a
aplicarlas mediante reformas constitucionales a los artículos 27 y 28. El PAN
elimina completamente del párrafo sexto del artículo 27 la exclusividad de la
nación en materia de petróleo y en la prestación del servicio público de energía
eléctrica. El PRI por su parte echa abajo la reforma-adición del presidente
Adolfo López Mateos en la que se agrega la prohibición constitucional de otorgar
contratos en materia de petróleo, para regresar al texto constitucional de 1939,
falseando la historia al señalar que el presidente Lázaro Cárdenas del Río
estuvo de acuerdo con la participación del capital privado, pero ocultando que
la limitó a personas físicas mexicanas y a no ser sociedades anónimas que emitan
acciones al portador.
En el caso de la electricidad, la iniciativa de Peña Nieto pretende legalizar
la participación del capital privado en la generación de energía eléctrica y en
el abasto de la misma, permitiendo la celebración de contratos en toda la cadena
productiva eléctrica. Pero tanto el PRI como el PAN coinciden en eliminar el
carácter estratégico del petróleo y la electricidad como se establece en el
artículo 28 constitucional, para ubicarlos en áreas prioritarias en donde está
permitida la participación del capital privado. Por su parte el PAN va más allá
en las reformas en leyes secundarias, como puede leerse en las páginas 36 y 37
de su iniciativa privatizadora, donde propone desintegrar a la Comisión Federal
de Electricidad en filiales, y la participación del capital privado en
generación, transmisión, distribución y comercialización.
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