“Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y los recursos naturales que se requieran para dichos fines”
Párrafo Sexto, del ART. 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos acordado
por el Congreso de la Unión el 27 de Septiembre de 1960 y reformado a iniciativa del ejecutivo federal el 11 de diciembre de 2013.
Han pasado 58 años de la Nacionalización de la Industria Eléctrica y apenas 5 de la reforma energética de Enrique Peña Nieto que dio marcha atrás a la exclusividad de la nación para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La industria eléctrica nacionalizada fue desintegrada y hecha pedazos, entregada al libre mercado.
Años atrás, con el arribo de los neoliberales al poder, se trazó, por tecnócratas y políticos mandaderos de las corporaciones trasnacionales de la energía, una ruta para la privatización del sector eléctrico en México. Esta operó por encima de la Constitución Mexicana durante más de dos décadas. Inspirada en el Consenso de Washington y conforme a las necesidades geopolíticas de los Estados Unidos, durante cinco sexenios, contó con el consentimiento neoliberal en los tres poderes de la Unión. Carlos Salinas de Gortari inauguró el camino. En 1992 modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para abrir la inversión privada en generación a los particulares a través del “Autoabastecimiento, la Cogeneración y la Pequeña Producción Independiente”. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue obligada a financiar y comprar energía eléctrica a las empresas trasnacionales, hasta por 25 años, independientemente de si se consumía o no.
A finales del siglo pasado Ernesto Zedillo intentó, sin éxito, concluir la privatización del sector eléctrico mediante una fallida reforma constitucional. El Frente Nacional de Resistencia en Contra de la Privatización de la Industria Eléctrica (FNRCPIE), convocado por el SME, impidió que se impusiera un nuevo marco jurídico sectorial que le diera certidumbre jurídica a las empresas extranjeras que inconstitucionalmente invirtieron en generación, y ofreciera otros segmentos de la industria eléctrica al capital privado (transmisión, distribución y comercialización). En 2002 Vicente Fox continuó con los intentos de privatizar el sector con los mismos resultados. Al final de una dura protesta popular encabezada por el SME, el expresidente se vio obligado a retirar su iniciativa. A Felipe Calderón le correspondió, entonces, la sucia tarea de allanarle el camino a la reforma energética de Enrique Peña Nieto (EPN).
La imposibilidad de hacer avanzar el proceso de privatización de la industria eléctrica de frente a la resistencia electricista-popular apremió a los neoliberales a abandonar la vía institucional de las iniciativas legislativas, para optar por un duro golpe de mano en contra de la principal fuerza opositora a la privatización energética: el SME.
En la noche del 10 de octubre de 2009, miles de efectivos del ejercito y la armada, la policía federal y estatal asaltaron con violencia alrededor de 300 centros de trabajo del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Horas después, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quién llego al poder por la vía del fraude electoral en 2006, decretó la ilegal extinción de LyFC. El Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), validó el decreto de extinción el 5 de julio de 2010. Derivado de ello, en agosto del mismo año, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) dio por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo entre LyFC y el SME, dejando sin efecto a nuestro Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). 44 mil trabajadores electricistas en activo fueron despojados de su fuente de trabajo, echados a la calle e inscritos en las listas negras de la patronal a nivel nacional para privarlos definitivamente de su derecho al trabajo; al mismo tiempo, 22 mil jubilados y sus familias quedaron en la indefensión jurídica. Se confabularon contra el SME los tres poderes del Estado, quienes hicieron uso faccioso de sus instituciones para aplastar a la resistencia obrera que se opuso a la privatización de la industria eléctrica desde 1999, y en el 2006 se sumó activamente a la protesta nacional en contra del fraude electoral operado en contra del entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador.
El SME se consagró a la digna tarea de resistir. Lo primero fue hacer oídos sordos a quienes al interior de nuestra organización llamaron a cobrar nuestras liquidaciones para luego disolver al SME. Y ahí están ahora, haciéndose pasar por “hombres de izquierda” después de que abandonaron la lucha para aliarse al gobierno de Felipe Calderón. Hacer oídos sordos a las promesas del gobierno neoliberal que a cambio de nuestra capitulación ofreció 10 mil plazas en CFE, préstamos y changarros para los primeros electricistas que incumplieran el acuerdo de resistir, tomado en nuestra Asamblea General del 11 de octubre. 28 mil trabajadores cobraron su liquidación de octubre del 2009 a marzo de 2010. 16 599 decidimos resistir y no liquidarnos, dando vida a una de las páginas más honrosas de la lucha histórica de la clase obrera de nuestro país.
La resistencia se prolongó por años. Incansables, desplegamos una amplia gama de formas de lucha y de organización: cientos de marchas, tomas de carreteras, incesantes plantones, caravanas al interior del país, huelgas de hambre -una de ellas de manera masiva en el Zócalo de la Ciudad de México-, un plantón de seis meses consecutivos en la Plaza de la Constitución, tomas de edificios y dependencias públicas, etc., etc. Todo con el único fin de preservar la existencia de nuestra organización centenaria y recuperar el trabajo. En lo organizativo, impulsamos la construcción de la Nueva Central de Trabajadores (NCT), la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) y la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT) con el afán de contribuir a la articulación autónoma y democrática del campo popular.
No hubo marcha atrás en el decreto de extinción. Sin embargo, el SME logró alcanzar la sustitución patronal en la CFE por la vía del amparo otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo. De nueva cuenta, a petición del presidente saliente Felipe Calderón y del presidente entrante EPN, la SCJN en forma vergonzosa intervino para echar abajo la sentencia del Tribunal que nos daba la victoria jurídica. Su sentencia ratificó el laudo de la JFCA que dejó sin efecto a nuestro CCT, dándonos un plazo perentorio para cobrar nuestras indemnizaciones. Sobra decir que no fuimos a liquidarnos. Nuestra Asamblea General del 4 de febrero del 2013 acordó desacatar la sentencia de la SCJN, intensificar nuestras movilizaciones y buscar una solución política al conflicto. La revocación de la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado fue un acto ilegal de la SCJN, una injusticia en contra de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que debe y puede ser reparada.
En el fondo de esta dura pelea por la existencia del SME subyace el propósito neoliberal de privatizar el sector energético de nuestro país. El 18 de diciembre de 2013 se impuso la reforma energética que ahora heredamos de los neoliberales. La confabulación de los partidos en el fraudulento Pacto por México, el golpe asestado al SME y la debilidad del campo popular impidieron derrotar esta reforma que inevitablemente conduce a la pérdida de la soberanía energética de nuestro país, da la pauta para el saqueo irracional de nuestros recursos naturales -agua, petróleo, minerales, biodiversidad- y fomenta el violento despojo de los territorios en manos de las comunidades indígenas y campesinas de México, a favor de la oligarquía nacional y sus socios trasnacionales.
Desde otra perspectiva, la reforma energética resultó un rotundo fracaso. Las tumultuosas inversiones que prometió el capital privado nunca llegaron, tampoco los cientos de miles de empleos que supuestamente se crearían con su advenimiento, mientras que la supuesta baja de los precios de la energía resultó fraudulenta. El encarecimiento del gas, la gasolina y la electricidad fue motivo de robustas protestas sociales a nivel nacional en 2016 y 2017, mismas que anunciaron la posibilidad del cambio que después llegó con la estrepitosa derrota electoral del PRI-PAN-PRD en julio pasado.
En el 2015, habiendo agotado el último recurso legal para revertir la extinción de LyFC y obtener la sustitución patronal con la CFE, el SME alcanzó mediante la movilización-negociación-movilización- un acuerdo con el Gobierno Federal que le permitió recuperar parte de lo que le fue despojado. Obtuvo por esta vía una concesión para el uso y explotación de las plantas hidroeléctricas de LyFC y decenas de bienes inmuebles, fábricas y talleres de la misma empresa para integrar un fondo de previsión social a favor de los trabajadores en resistencia y crear una Cooperativa de bienes y servicios que actualmente opera como LF del Centro. El SME evitó su disolución forzada, conservó vigente su registro nacional de industria y está listo para recuperar su materia y zona de trabajo. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio facultades al expresidente Felipe Calderón para extinguir por decreto al organismo público descentralizado LyFC, quiere decir entonces que el poder ejecutivo tiene facultades para crear por decreto una nueva empresa pública para atender con calidad y eficiencia la demanda del suministro eléctrico en la zona centro del país. El SME está listo al llamado a la renacionalización de la industria eléctrica patrimonio de todos los mexicanos.
Existimos, somos un sindicato independiente, clasista y democrático que continuará luchando por:
• La derogación de la reforma energética de EPN. Para reconstruir al país es indispensable revertir el proceso de privatización de la Industria Eléctrica. Hacerlo es viable a condición de que el nuevo gobierno y el pueblo de México asuman el reto y creen las condiciones necesarias para recuperar la soberanía energética de la nación.
• La democratización energética, la gestión social de la energía, la defensa del medio ambiente y la accesibilidad de la energía como derecho humano de todos los mexicanos.
• En la transición energética desde el sindicato y nuestra cooperativa impulsaremos el uso prioritario de las energías renovables, la integración en todo el país de cooperativas de energía y promoveremos la propiedad pública y social del sector energético vinculada a la economía social y solidaria como alternativa popular al capitalismo.
• En el contexto de la ratificación del Convenio 98 de la OIT lucharemos por la libre sindicalización y contratación colectiva de todos los trabajadores del sector. No al outsourcing y a la tercerización. No a la afiliación forzosa a los sindicatos charros y de protección patronal.
• Exigimos a los gobiernos saliente y entrante el cumplimiento de los acuerdos del Estado Mexicano con el SME para la reinserción laboral de sus trabajadores en resistencia.
• Demandamos la cancelación de las averiguaciones previas que la CFE tiene interpuestas en contra de miembros de la Dirección del SME.
• Por el cese a la reprensión y judialización de los usuarios de la electricidad en Huelga de Pagos. Luchamos por una tarifa justa y solidaria para los usuarios de la energía.
• Demandamos el borrón y cuenta nueva para los usuarios organizados en la ANUEE.
• Por el respeto irrestricto a la autonomía e independencia de las organizaciones sociales y sindicales.
• Por la democratización de la gestión del agua como bien común de la sociedad y derecho humano inalienable.
• Por el respeto a las autonomías y autogobiernos de los pueblos originarios. En contra de los megaproyectos que significan despojo para las comunidades y pueblos originarios.
• En contra de los gasolinazos, el alza de las tarifas eléctricas y el alza al costo del gas butano.
Como hace 50 años, extendemos nuestra solidaridad incondicional con el movimiento estudiantil democrático en su defensa de la educación pública y gratuita y en contra de la violencia porril ejercida en su contra.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
Comité Central y Comisiones Autónomas.
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.
Responsable de la publicación.
José Humberto Montes de Oca Luna. Secretario del Exterior del SME.
Posdata:
o El día de hoy 27 de Septiembre de 2018 realizaremos el Foro: “A 58 Años de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, ¿QUÉ HACER?” en el Auditorio Ernesto Velasco Torres de Insurgentes 98 a las 12:00 hrs.
o El viernes 28 los invitamos a la Conferencia Magistral: “Sistema Deuda. Historia de las Deudas Soberanas y de su Repudio” que dictará el Dr. Éric Toussaint en el mismo auditorio del SME a las 11:00 hrs.
o Así mismo, CONVOCAMOS a la MARCHA del 2 de OCTUBRE ¡NI PERDÓN NI OLVIDO! que partirá de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco al Zócalo de la CDMX. La cita para el SME y las organizaciones de la Nueva Central de Trabajadores es a las 16:00 hrs. en la esquina de Eje Central y Ricardo Flores Magón, lado poniente.
Una recapitulación de tan evidentes arbitrariedades ayudará a impulsar las enmiendas que deben echarse a andar en materia de trabajo, con el fin de recobrar la defensa de los derechos de millones de trabajadores y evitar que atropellos de tales proporciones se repitan en el país.
