SE CONVOCA A TODA LA RESISTENCIA MARTES 30 DE ENERO 11:00 AM

Programa Frecuencia Laboral del sábado 27 enero 2018

Programa Frecuencia Laboral

Sábado 27 enero 2018       

 

  

LA COPERACHA Marichuy se reúne con trabajadores del campo, la ciudad y cooperativistas

Marichuy se reúne con trabajadores del campo, la ciudad y cooperativistas.

En el edificio del SME acuerdan caminar juntos contra el sistema capitalista.
Redacción La Coperacha Ciudad de México // 25 de enero de 2018 La candidata indígena María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, se reunió ayer con trabajadores del campo, la ciudad y cooperativistas donde relucieron las coincidencias y acordaron organizarse para luchar juntos contra el sistema capitalista. Se destacó el despojo que ocurre con los trabajadores por una política neoliberal y como ejemplo se describió el despido hace siete años de 16 mil electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas que ahora caminan hacia la autogestión a través de la cooperativa LF del Centro. Marichuy destacó el “histórico encuentro” y describió la situación en que viven los pueblos originarios donde el despojo tiene la forma de privatización de la tierra, la contaminación del agua, programas de gobierno y violencia armada. Las personas originarias, dijo Marichuy, vamos a nuestras comunidades, “regresamos a recuperar lo que nos arrebataron los terratenientes y así sembrar nuestra propia tierra, a producir en cooperativas donde todo es para todos y una nueva economía nace donde florecen nuestros pueblos con justicia, con memoria y con dignidad”. El encuentro, ocurrido en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se dividió en mesas de trabajo donde se escucharon diversas voces de trabajadores del campo y de obreros organizados en sindicatos y cooperativas. Participaron de estas últimas las experiencias de Tradoc y la cooperativa LF del Centro. A nombre de la cooperativa Tradoc, Jesús Torres Nuño, dirigió un mensaje de clausura del encuentro donde destacó que “a este proceso ya no lo para nadie porque los trabajadores combativos y clasistas hemos demostrado que somos capaces de dirigir la producción y junto con los pueblos originarios, podemos dirigir este país”, enfatizó Torres Nuño.   En el arranque del encuentro Martín Esparza, en nombre del SME, se pronunció por un cambio del modelo económico y cuestionó que los partidos políticos no hablan de dicho cambio. “La clase gobernante no va a cambiar de modelo económico impuesto hace 30 años”, afirmó. Por su parte el doctor Pablo González Casanova resaltó el esfuerzo de Marichuy y el Consejo Indígena de Gobierno por mostrar que es posible cambiar pacíficamente del sistema de acumulación y explotación por uno donde los pueblos y trabajadores estén presentes, porque no habrá democracia sin ellos, apuntó. La Coperacha

Revista CONTRALÍNEA La injusta y costosa Tremenda Corte

La injusta y costosa Tremenda Corte

enero 23, 2018

Autor: Martin Esparza

30 de enero se cumplen 5 años de la inverosímil sentencia con que los ministros integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocaron el amparo concedido a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por los magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral, el 13 de septiembre de 2012, que ordenaba al gobierno de Felipe Calderón asumir su obligación como patrón sustituto, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para devolver su empleo a 16 mil 599 trabajadores en resistencia.

 

 

El perverso fallo emitido el 30 de enero de 2013 quedó registrado en los anales de la jurisprudencia como una de las peores bajezas cometidas en el seno del máximo tribunal, y demostró que en nuestro país el respeto al marco constitucional y al estado de derecho no existen; siendo una irrealidad la autonomía de un Poder Judicial supeditado a los designios del Ejecutivo.

Hasta la fecha, no hay un solo jurista que, en su sano juicio, se atreva a meter las manos al fuego en la argumentación presentada por los ministros Sergio Valls, Fernando Franco, Luis María Aguilar, Margarita Luna Ramos y Alberto Pérez, para justificar tal desaseo jurídico. Debemos recordar que estos personajes tuvieron la desfachatez de asegurar que “los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo”, razón por la cual al extinguirse Luz y Fuerza del Centro, el expresidente Calderón no era responsable, mediante la Comisión Federal, de asumirse como patrón sustituto, según el torcido criterio de los integrantes de la Segunda Sala.

Refresquemos la memoria a la opinión pública del atropello cometido entonces por quienes juramentaron hacer cumplir la Constitución, pues entre otras tantas aberraciones aseguraron que no existía una subordinación entre las paraestatales y el presidente, y aún cuando la propia Constitución en su Artículo 90 marca las funciones del Ejecutivo, los integrantes de la Tremenda Corte establecieron que esto “no implica que las entidades paraestatales formen parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que dichas entidades no tienen por objeto el despacho de los negocios del orden administrativo relacionado con las atribuciones del Ejecutivo federal”.

Por mera curiosidad cabe preguntar a los responsables de este latrocinio jurídico quién designa a los directores de Petróleos Mexicanos y de la CFE. ¿No es acaso el presidente de la República? ¿Desde cuándo los titulares de las paraestatales –hoy empresas productivas del Estado– se nombran y mandan solos?

La lista de atropellos cometidos por los integrantes de la Corte a los intereses del pueblo de México y de la clase trabajadora son numerosos y gran parte de los problemas económicos que actualmente aquejan a millones de mexicanos recaen en la complicidad de los ministros a favor de una política neoliberal que ha favorecido al gran capital nacional y extranjero, olvidando el sentido estricto de la aplicación de la justicia a favor de las mayorías.

Los efectos devastadores de las reformas laboral y energética pudieron evitarse, o al menos aminorarse, si los miembros de la Suprema Corte hubieran valorado los 3 millones de amparos que se presentaron para frenar a la primera y los 5 millones de firmas para someter a una consulta nacional a la segunda.

No está de más recordar que los altos magistrados no pueden ser los garantes de la puntual aplicación de las leyes que emanan de nuestra Constitución porque sus cargos son propuestos y apoyados desde los mecanismos del poder público. Mientras sea el presidente de la República quien designe a los aspirantes a la Corte para ser ratificados –en mero trámite– por el Senado, la autonomía de este órgano de justicia existirá sólo en la teoría.

Los 11 ministros han terminado coptados por toda una serie de privilegios que los hace estar en deuda con la clase política que los ha colocado en su exclusiva zona de confort, desde la cual se autoasignan lo que les viene en gana para su beneficio personal. Por ejemplo, a pesar de que la reforma constitucional de 2009 estableció que ningún servidor público debe ganar más que el presidente de la República, los encargados de hacer cumplir la ley han hecho caso omiso de la misma y cobran sueldos mensuales promedio de 350 mil pesos.

En diciembre pasado, por concepto de aguinaldos, prima vacacional de fin de año y bono de riesgo cada ministro se llevó alrededor de 1 millón de pesos para redondear sus ingresos anuales en 6 millones 700 mil pesos, en promedio. Ni en 100 años un obrero de salario mínimo podría ganar tal cantidad. Eso sí, como una más de sus canonjías, los miembros de la Corte se aseguran de ribete un retiro digno: su pensión mensual asciende a 258 mil pesos al mes.

El pueblo de México está pagando caro por tener un alto tribunal que no defiende sus intereses. Citemos otra de las tantas anomalías cometidas contra los ciudadanos y, en particular, a los usuarios de la energía eléctrica a quienes los ministros les negaron el derecho a ampararse por los altos y arbitrarios cobros de la CFE, al ponerles como condición “primero pagar” para tramitar un amparo.

Pero no conformes con no aplicar la ley en la defensa de los que menos tienen, algunos exmiembros de la Corte que en su momento fueron tapaderas y cómplices de las pillerías cometidas por el expresidente Felipe Calderón ahora son “candidateados” para formar parte de probables gabinetes en caso de que partidos como Movimiento de Regeneración Nacional ganen la elección presidencial.

Tal es el caso de la exministra Olga Sánchez Cordero, aspirante a secretaria de Gobernación; misma que al igual que sus excompañeros ignoró los reclamos de la ciudadanía y se negó a hacer justicia a los trabajadores.

En este año electoral en que muchos personajes como Sánchez Cordero ya se frotan las manos buscando recuperar y acrecentar sus canonjías, es necesario hacer un recuento de su paso por el máximo tribunal del país, para demostrar que no le asiste calidad moral alguna para pedir el voto de aquellos a quienes afectaron con sus manipuladas y tendenciosas decisiones.

De cara a los comicios, los electores deben preguntarse si vale la pena otorgar su sufragio por esos senadores y sus partidos que siguen avalando que 11 selectos y exquisitos ministros vivan como reyes contribuyendo con sus fallos a acrecentar la pobreza y desigualdad del país.

Martín Esparza Flores*

*Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas

[OPINIÓN]

Contralínea 575 / del 29 de Enero al 03 de Febrero 2018

SME Banderazo de salida de la Unidad Productiva de Distribución 22ene18

Sindicato Mexicano de Electricistas

Banderazo de salida de la Unidad Productiva de Distribución

En el predio recuperado de Xochinahuac  
22ene18         

CONEXIONES INSTALADORES PRESENTE

 

                                    ¡Seguimos avanzando!

Periódico LA JORNADA Va a haber una crisis en México por las pensiones tan bajas: Sura

Va a haber una crisis en México por las pensiones tan bajas: Sura

* La primera generación de jubilados con el sistema de Afore está a la vuelta de la esquina

* Trabajadores mexicanos recibirán una tasa de remplazo de 25%, señala Pablo Sprenger
* Si no se atiende el problema, en algunos años la gente va a estar marchando en las calles

La primer generación de trabajadores mexicanos que se jubile bajo el sistema de Afore lo hará en unos tres años y recibirá una pensión de la cuarta parte de su último salario, señala Pablo Sprenger, director general de Sura México
Foto Cristina Rodríguez

Roberto González Amador

 

Periódico La Jornada
Sábado 20 de enero de 2018, p. 17

La primera generación de trabajadores mexicanos en jubilarse bajo el sistema de administradoras de fondos para el retiro (Afore) está a la vuelta de la esquina. La pensión que recibirán será de una cuarta parte del salario promedio de sus últimos cinco años en activo. Es un problema que si no se atiende, la gente estará marchando en las calles porque no le alcanza la pensión, afirmó Pablo Sprenger, director general de Sura México.

Más que un tema de campaña electoral es un tema a resolver por el próximo gobierno, dijo, respecto de la insuficiencia que tendrán las pensiones pagadas por el sistema de gestión de fondos de retiro vigente en México desde 1997.
Entre los países donde los sistemas de retiro están basados en cuentas individuales gestionadas por empresas privadas, como son las Afore, los trabajadores mexicanos son quienes tendrán la pensión más baja, respecto de su último salario.
La llamada tasa de remplazo, que es el monto de pensión comparado con el salario de los últimos cinco años como trabajador activo, será en México de 25 por ciento; en Chile es de 50 por ciento, y el año pasado hubo fuertes protestas de trabajadores para reclamar que fuera mayor; en Perú es de 13 y en Colombia de 12 por ciento, añadió.
La diferencia está determinada por la aportación que se hace a la cuenta individual, que en el caso mexicano es de 6.5 por ciento del salario, mientras que en Chile es de 11 por ciento.
Lo menos que se debe aportar a una cuenta individual es 10 por ciento del salario. Lo ideal sería 14 por ciento, para lograr una pensión equivalente a 60 por ciento del último ingreso antes de pasar a retiro, dijo Pablo Sprenger este viernes.

Este tema es muy complejo de tratar en una campaña electoral, porque genera poco valor político, añadió. Tener pensiones mayores implica aumentar la aportación y eso al final lo termina por pagar el trabajador porque las finanzas públicas no tienen capacidad de absorber esa carga. Pero en otros países los problemas empezaron cuando se pagaron las primeras pensiones bajo el sistema de cuentas individuales, algo que en México ocurrirá en menos de tres años.
En este sentido, consideró que una posible salida para incrementar las aportaciones voluntarias a las cuentas individuales para el retiro es aumentar el monto que un trabajador puede deducir fiscalmente, que ahora está limitado a unos 120 mil pesos por año. Con ese tope, no hay incentivo para aumentar el ahorro para el retiro, dijo, aunque reconoció que esto también tendría algún impacto fiscal.
La primer generación de trabajadores mexicanos que se jubile bajo el sistema de Afore lo hará en unos tres años. Si no se atiende el problema, en algunos años la gente va a estar marchando en las calles porque no le alcanza la pensión, comentó. Va a haber una crisis en México por esto; no en tres años, no en 2025, pero sí en 2030, cuando sea mayor el universo de trabajadores pensionados y con un ingreso insuficiente.

¡¡¡ NO AL DESPIDO DE MILES DE TRABAJADORES DE LA SALUD EN EL ESTADO DE OAXACA !!!

¡¡¡ NO AL DESPIDO DE MILES DE TRABAJADORES DE LA SALUD EN EL ESTADO DE OAXACA !!!

 

La Nueva Central de Trabajadores expresa su más amplia solidaridad con nuestros compañeros y compañeras de la Sección 9-Oaxaca del SINTS (Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud), en su rechazo absoluto hacía el intento de despedir a más de 4,000 trabajadores de contrato de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), por parte del nuevo Secretario de Salud, Dr. Juan Díaz Pimentel, en su declaración emitida el martes 16 de enero del año en curso.

Es completamente aberrante despedir un número tan alto de trabajadores de la salud en un estado que sufre de gran marginalidad y carencia de este derecho para la mayoría de la población. También es un grave atentado en contra de los derechos laborales de estos trabajadores en medio de una grave crisis económica con un alto nivel de desempleo.
Demandamos del gobierno estatal de Oaxaca dar marcha atrás en este despropósito, respetar los derechos laborales de los trabajadores de la salud y asignar mayor presupuesto destinado a ofrecer atención médica de calidad para todo el pueblo oaxaqueño.
También saludamos el llamado de nuestros compañeros/as de la Sección 9 del SINTS al conjunto de los trabajadores de este sector para constituir un “Frente en Defensa de la Fuente de Trabajo y la Salud al Servicio del Pueblo”, independientemente del sector o sindicato al que pertenezcan. La UNIDAD del conjunto de la clase trabajadora es la clave principal para alcanzar la victoria.
¡En defensa de la fuente de trabajo y la salud al servicio del pueblo!
¡La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos!
México D. F. a 19 de Enero de 2018.
NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES

 

REVISTA CONTRALINEA Incrementos a combustibles derrumban reforma energética

 

Incrementos a combustibles derrumban reforma energética

enero 15, 2018

Autor: Martin Esparza

Como ocurrió hace 1 año, el naciente 2018 vuelve colocar en la palestra de los cuestionamientos a una reforma energética que ni remotamente arroja saldos positivos para la economía nacional y la de millones de hogares; tras la liberación de los precios de los combustibles el pasado 1 de diciembre, las gasolinas y el diésel registran en este enero un incremento promedio del 6.5 por ciento, impactando en la actividad de empresarios de todos los niveles, así como en la de los comerciantes y agricultores.

Las malas noticias se hacen extensivas en los hechos al incremento registrado en el precio de la tortilla, que en algunas zonas del país se ha elevado de 12 y 13 pesos hasta 18 y 19. Y mientras la Secretaría de Economía juega a la demagogia discursiva al acusar a los molineros y tortilleros de elevar arbitrariamente el costo del alimento por excelencia en la mesa de los mexicanos, con datos y cifras en la mano los inculpados demuestran que el origen de los incrementos está en la errada política energética y agropecuaria de las autoridades.

Al echar lápiz al asunto, dicen los molineros y tortilleros, resulta incosteable mantener los actuales precios cuando sus recibos de electricidad se han elevado al doble y, en algunos casos, se han triplicado; a esto hay que sumarle los descontrolados incrementos al precio del gas, que en los últimos meses de 2017 pasó de 6.40 pesos el litro a 10 pesos. Y en el caso del gas doméstico de 13 a 19 pesos el kilo, luego de que desde el 1de enero de 2017 el gobierno dejó de regular los precios.

Entre los fundamentos de la reforma energética se estableció que con la liberación de los precios de los combustibles y la electricidad bajarían los precios en beneficio de la población. Pero apenas entraron en juego las reglas del libre mercado, las cosas se han salido del control para las autoridades que ahora intentan detener la escalada de incrementos con sanciones inocuas de la Procuraduría Federal del Consumidor, cayendo en una franca contradicción.

Aunque las voces oficiales buscan amortiguar políticamente los efectos colaterales de los incrementos a la electricidad y los combustibles en este año electoral, cargándoles nuevamente el Sambenito de los factores externos como el alza en el precio de los hidrocarburos, es inobjetable que las calamidades por venir apenas comienzan.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) da un pequeño jalón de orejas a los gasolineros, pues con los cambios establecidos en la reforma energética para la venta de combustibles y la liberación de precios sólo debe conformarse con que los empresarios le informen cuál es el costo al que expenden la gasolina y el diésel a los consumidores. Hasta ahí su “regulación”.

Datos de la propia CRE y de Petróleos Mexicanos señalan que en el actual sexenio donde se impulsaron las reformas estructurales los hechos han derrumbado a la retórica oficial: los precios de las gasolinas y el diésel se han disparado en el marco de la reforma energética de tal suerte que mientras en 2013 el precio de la gasolina Magna –la de mayor consumo– era de 12.13 pesos por litro, en los primeros días de 2018 llegó a 17.32 pesos; es decir, se ha incrementado en un 42.7 por ciento, mientras que la Premium lo ha hecho en un 50.8 por ciento, al llegar a los 19.42 por litro, cuando el precio máximo definido por la CRE es de 18.48 pesos.

Porcentajes entre los que también ha oscilado el aumento al diésel que ya llega a los 17.41 pesos por litro. Este combustible, empleado en actividades agropecuarias, pesqueras y del transporte, ha tenido un impacto directo en el precio de diversos productos de la canasta básica. Y lo seguirá teniendo en el presente año, incidiendo en una mayor inflación que bien podría superar el 6.69 por ciento con que cerró en 2017.

Ante este escenario de imparables aumentos a la electricidad y los combustibles, resulta imposible tanto para los molineros y tortilleros como para los industriales, agricultores y comerciantes mantener los precios de sus productos.

En el caso del aumento a la tortilla tampoco puede ocultarse el indudable fracaso de la política agropecuaria que, a 24 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), ha terminado por ceder la autosuficiencia alimentaria al exterior, ubicando a México en la imposibilidad de producir el maíz que requiere para su consumo interno. Es por este motivo que cualquier depreciación del peso frente al dólar repercute en los costos de los granos que importamos sobre todo del vecino país del Norte.

Y así como en el gasolinazo de enero de 2017, que amenazó con desbordar los ánimos sociales, los legisladores que impulsaron la reforma energética en el Congreso buscaron deslindarse de las consecuencias de su irresponsabilidad política, ahora en un año electoral donde se definirá al próximo presidente de la República, los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Social y Nueva Alianza –que votaron por la liberación de los precios de los combustibles el pasado 19 de octubre en San Lázaro– se unen a la excusa oficial de justificar las incontrolables alzas y sus efectos colaterales a situaciones del orden internacional, cuando de sobra saben que la raíz del problema está en su complicidad parlamentaria para avalar una reforma que representa un atentado a la economía de millones de mexicanos.

En este contexto de incrementos a los combustibles, con toda seguridad se agudizará el problema del robo de combustibles por parte de los huachicoleros, pues hay que admitir que aunque resulta un delito comprar gasolinas extraídas de manera ilegal, en muchas zonas del país es la única forma de paliar en algo las desmesuradas alzas que hacen imposible toda actividad por el alto costo de los hidrocarburos.

Por eso, este año electoral será de vital importancia para todos los mexicanos con derecho a voto el razonar sobre un voto de castigo a aquellos partidos que aprobaron las reformas que ahora arrojan resultados desastrosos para todo el país.

Que no vengan los partidos cómplices a querer apostarle a la desmemoria. Los causantes de las alzas no únicamente a los combustibles y la electricidad sino a toda una gama de productos y servicios tienen nombres, apellidos y siglas partidistas. Los mexicanos están en su derecho de cobrarles en las urnas su proceder en contra de la nación, pues ahora sucede que por la reforma energética hasta las tortillas serán un artículo de lujo.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

[OPINIÓN]

REVISTA CONTRALINEA 2018 y la liberación de las tarifas eléctricas

 

2018 y la liberación de las tarifas eléctricas

enero 10, 2018

Autor: Martin Esparza

1. El pasado 2017 inició con el aumento del 20 por ciento a las gasolinas, provocando un extendido descontento social de todo un país que cayó en la cuenta de que la promesa de bajar el precio de los combustibles nunca existió más que en la propaganda oficial.

 

Ahora que arrancará  2018, otro tema no menos álgido está por aplicar una nueva dosis de realidad a millones de habitantes que deberán  adaptarse al nuevo sistema de cobros de la electricidad, bajo un esquema de recuperación  de los costos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros cargos aplicables a los usuarios, impactando en el monto final de sus recibos.

Tal y como se estableció en las leyes secundarias que dejaron al libre albedrío de organismos ineficientes como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) el establecimiento de las nuevas tarifas aprobadas el pasado 29 de noviembre, ahora abarcarán los costos de producción y distribución del servicio, sumándoles la variación mensual de los precios de los combustibles fósiles utilizados para la generación de la energía eléctrica.

Quedará en el ámbito de la CRE los ajustes mensuales a la electricidad y que serán, además de los costos de los hidrocarburos, el resultado de la suma de dos factores: el primero se originará del valor de la facturación conforme a los costos de generación que resulten de la actualización de las tarifas eléctricas de noviembre de 2017; es decir, las últimas en las que tuvieron injerencia la Secretaría de Hacienda y la CFE.

Y el segundo factor será el valor de la facturación conforme a la nueva metodología de la CRE. De acuerdo con lo anunciado durante cuatro meses, se aplicarán estos dos valores para elaborar el monto de la facturación eléctrica.

También en noviembre pasado se anunció la liberación de los precios de las gasolinas y el diesel en todo el país, pero por acercarse un año electoral que pinta complicado, Hacienda informó que en lo que resta de 2017 y 2018, el sistema de estímulos semanales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), funcionará bajo el mismo esquema con que ha operado durante 2017, evitando con ello variaciones de golpe que podrían tener consecuencias en las urnas, al producir otro gasolinazo.

Y así como de forma deliberada van a mantener los subsidios a las gasolinas, ocultan que en el caso de la electricidad el fin de los subsidios a las tarifas eléctricas es un hecho irreversible que, empero, podrá ser manipulado por el Ejecutivo con fines políticos.

El artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) establece que si bien “La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios”.

Coloca la salvedad de que “El Ejecutivo federal podrá determinar mediante acuerdo un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales al que refiere el párrafo anterior para diversos grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiera determinado la CRE”.

Esta facultad de echar mano a la benevolencia del primer mandatario podrá retrasar los aumentos en el periodo de contienda electoral, no cambiará de fondo lo que ya está en marcha y para lo cual la CFE empieza a preparar a los usuarios. Un incremento a las tarifas en una proporción similar al 20 por ciento del gasolinazo de enero del 2017, o quizá aún más, una vez  que hayan pasado las elecciones, por lo que aunque la CRE decidió aplicar un periodo de transición que va de diciembre de 2017 a marzo de 2018, el plazo puede extenderse hasta después de los comicios presidenciales.

Es claro que en el año electoral venidero, ningún partido asumirá  los costos de haber aprobado en el Congreso reformas como la Energética y sus correspondientes leyes secundarias, que como en el caso del artículo 139 de la LIE, excluyó de su contenido la obligación a las tarifas subsidiadas.

En los últimos dos  años, la CFE ha establecido aumentos escalonados a las tarifas eléctricas de las industrias, comercios y usuarios de alto consumo doméstico, argumentando el alza en los combustibles, como el diesel, gas y combustóleo con el que operan la mayoría de sus plantas de generación.

De acuerdo a los tiempos establecidos en las leyes secundarias, es claro suponer que se aproxima un golpe devastador a la economía de millones de familias con el recorte a los subsidios de las tarifas eléctricas.

Si se considera que 88.6 por ciento de los consumidores a nivel nacional son hogares a los cuales se les aplica la tarifa básica, es fácil de entender el por qué la CFE iniciará, dentro de los tiempos establecidos de la reforma, su proceso de notificación de los nuevos cobros, pero esconderá la guadaña hasta después de los comicios del 1 de julio próximo.

Ante lo que se aproxima en contra de la economía familiar de millones de hogares es que cobra especial importancia el seguir luchando para que en el Congreso los diputados y senadores analicen seriamente la propuesta presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), para que se concrete la iniciativa ciudadana que busca elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho humano, como también el establecimiento de una tarifa social en beneficio de los que menos tienen.

En el marco de esta apertura del mercado eléctrico y la eminente liberación de los precios de la electricidad, no todo está perdido, pues el SME se prepara a ofrecer tarifas más justas a millones de usuarios domésticos a través de su Suministradora Básica del Centro (Subace).

Tendrá especial relevancia exigir a los candidatos de todos los partidos fijar una postura referente al tema de las nuevas tarifas de la energía eléctrica, para exigirles una definición pública de cara al 2018.

Martín Esparza Flores

Contralínea 573 / del 14 al 20 de Enero 2018

 

SME celebra 90 años de revista LUX con una exposición

 Se planea llevar temporalmente a otras divisiones del sindicato.

15 de enero, 2018 Miguel Ángel Ensástigue Velázquez/FES ARAGÓN

 

 

El secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, junto con el secretario del exterior, Humberto Montes de Oca, inauguraron la exposición conmemorativa del 90 aniversario de la revista LUX en la biblioteca “Manuel Paulín“.

La exposición muestra los primeros números de LUX, que datan de 1928, dicha publicación fue creada para informar a la clase obrera y que alberga la historia del SME; la exhibición también cuenta con una sala audiovisual donde los visitantes pueden apreciar parte de la historia y su creación.
Felipe Sánchez Ramirez, responsable de la exposición, destacó la importancia de conocer la historia del sindicato y mencionó la necesidad de continuar escribiendo la historia del SME a raíz de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. “Actualmente en las redes sociales y sitios web abunda un sinfín de información respecto al sindicato, pero es importante saber qué datos son verídicos”, dijo.
Las revistas pueden ser consultadas de manera física y digital de manera interna. Sin embargo, para solicitar el préstamo de algún número o información de la revista, es necesario presentar una solicitud ante la Secretaría del Interior del sindicato.
A partir de hoy y lo que resta de enero, la exposición permanecerá abierta al público de las 11:00 a las 17:00 horas en la biblioteca ubicada en Antonio Caso 45, en la delegación Cuauhtémoc. El acceso es gratuito y se ofrecen visitas guiadas.
http://www.24-horas.mx/

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

90 ANIVERSARIO REVISTA "LUX"

 

CONEXIONES INSTALADORES PRESENTE

 

CONEXIONES INSTALADORES PRESENTES EN LA MAGNA MOVILIZACIÓN

SME- ANUEE EN SEGOB

POR EL RESPETO A LOS ACUERDOS

 

 

MOVILIZACIÓN DE LA ANUEE

A LA

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Sube 42.7% precio de la gasolina Magna en lo que va del sexenio

Sube 42.7% precio de la gasolina Magna en lo que va del sexenio

Miércoles 3 de enero de 2018

 

El costo del combustible más utilizado en el país pasó de 12.13 en 2013 a 17.32 pesos ayer
 

Foto Jesús Villaseca

             

La Comisión Reguladora de Energía informó anoche que el precio nacional promedio de la gasolina Magna fue de 16.13 pesos; la Premium, 17.83, y el diésel, 17.41 pesos por litro. Ayer fue notable la diferencia de precios en las estaciones de servicio en la Ciudad de México.

 

Juan Carlos Miranda

 

Periódico La Jornada
Miércoles 3 de enero de 2018, p. 13

El precio de la gasolina Magna, la de mayor consumo en el país, se ha incrementado 42.7 por ciento en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto y el de la Premium ha subido 50.8 por ciento, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Según cifras de Pemex, el precio promedio de la gasolina Magna en 2013, el primer año de la actual gestión, fue de 12.13 pesos, mientras que el de la Premium era de 12.69 pesos por litro.
Cinco años y una reforma energética después, una gasolinera ubicada en la carretera México-Toluca número 1355 ofrecía el litro de Magna ayer martes en 17.32 pesos por litro y en 19.14 pesos por litro de Premium, aunque las cotizaciones varían según la estación de servicio.

Variación de precios

Así, el precio que un automovilista tiene que pagar para llenar un tanque de 40 litros de gasolina Magna subió de 485.20 pesos en 2013 a 692.80 pesos en enero de 2018 (207.60 pesos más) y de 507.60 pesos a 765.60 pesos en el caso de la Premium (incremento de 258 pesos).

En un recorrido por estaciones se servicio de la capital del país se pudo constatar que los precios varían de una gasolinera a otra y de un momento a otro.
Hacia las 18 horas una estación de BP ubicada calzada Taxqueña 1744, en la colonia Paseos de Taxqueña, cotizaba el litro de gasolina verde en 16.52 pesos y el de la roja en 18.41 (según la aplicación de la CRE denominada Gasoapp), aunque sólo dos horas antes el precio exhibido en la gasolinera era de 16.61 la Magna y 18.45 la Premium.
Sobre avenida Canal de San Juan 79, colonia Tepalcates, delegación Iztapalapa, una franquicia de Pemex ofrecía la gasolina menor de 92 octanos (Magna) en 16.63 y la mayor o igual de 92 octanos (Premium) en 18.50.
En otra estación ubicada al norte de la ciudad, sobre avenida Presidente Juárez, colonia Los Reyes en Tlalnepantla, estado de México, el precio de Magna estaba en 16.56 y el de Premuim, 18.47 pesos.
Sin embargo, por la noche, la CRE, el órgano regulador del mercado energético del país, aseguró que la tendencia general de los precios es de estabilidad y que el promedio nacional este martes 2 de enero fue de 16.13 pesos el litro de Magna y de 17.83 la Premium.
Además, tanto Pemex como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), descartaron incrementos abruptos en el precio de los combustibles, debido a que durante 2018 se continuarán amortiguando las variaciones mediante el esquema de estímulos semanales por medio del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que ha operado desde febrero de 2017.

Petróleos Mexicanos afirma que se va a mantener la política de precios graduales de combustibles que se aplica exitosamente desde hace un año en nuestro país y rechaza categóricamente cualquier comentario especulativo al respecto de supuestos incrementos en los mismos, señaló la petrolera mediante un comunicado.
A su vez, Hacienda señaló que no se observaron incrementos desordenados en los precios al consumidor ni a finales de noviembre 2017, cuando se flexibilizaron los precios en todo el país, ni el primero o 2 de enero de 2018.
El viernes pasado (29 de diciembre) la SHCP en el Diario Oficial de la Federación los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles.
Ahí, la dependencia federal estipuló que del primero al 5 de enero de este año la cuota de IEPS que el gobierno federal recibirá por la venta de cada litro de gasolina Magna será de 4.59 pesos; sin embargo, 2.33 pesos corresponderán al estímulo fiscal con cargo al propio gobierno y 2.26 a la cuota disminuida del IEPS.
En el caso de la gasolina Premium, Hacienda fijó un IEPS de 3.88 pesos por litro, de los cuales 98 centavos provienen del estímulo fiscal y 2.90 de la cuota disminuida.
De hecho, el incremento en el monto de los estímulos fiscales provocará una disminución de 9 por ciento en el monto que el gobierno espera recaudar por esa vía este año. En la Ley de Ingresos de la Federación de 2018 el gobierno federal estipuló una meta de recaudación mediante el IEPS de 258 mil 633 millones de pesos, 25 mil 798 millones menos que 284 mil 432 previstos en la Ley de Ingresos de 2017.
En su comunicado, Petróleos Mexicanos criticó la actuación de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, a la que señaló de haber realizado constantemente declaraciones sobre los precios de las gasolinas, que han resultado imprecisas o hasta malintencionadas.

REUNIÓN ANUEE SUR EDO. MÈXICO.

Continuando con la campaña de recolección de firmas en apoyo a la Candidata Independiente Marychuy.
Se llevó a cabo la reunión con los pueblos originarios "usos y costumbres" de la región sur del Estado de México; como San Pedro Zepayautla, San Simonito Tecomatlan, San Pedrito ejido de Tecomatlan, colonia Guadalupe Victoria, centro de Tenancingo, Santa Ana Malinalco y sus 8 barrios, San Juan Atzingo, colonia San Ramón,Jalmolonga, el Palmar, San Nicolás, San Andres Bravo, San ...Lucas Totolmajac, Santa Maria Aransasu, Santiaguito , Jajalpa, Almoloya del Río, Atlatlauca, Tenango del Valle, entre otros.
También se contó con la presencia y participación de miembros del SME; Fernando Muñoz Ponce; Secretario del Interior, Juan Luis González Vargas; Pro secretario de sucursales, Héctor Cortés; Pro secretario de escalafones, Gerardo Sandoval Montoya; Rep. Prop. Principal del Depto. De Conexiones Instaladores, Ángel Gómez; coordinador y Raúl Batres Coordinador ANUEE

Recupera SME el “emblemático” edificio de Juárez 90

Recupera SME el “emblemático” edificio de Juárez 90 Fotos: Humberto Montes de Oca
Será la sede de la cooperativa LF del Centro. Redacción La Coperacha Ciudad de México // 21 de diciembre de 2017   El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) recuperó el edificio de Juárez 90, hecho calificado por la organización como “acontecimiento histórico”, luego de ocho años del despojo de su fuente de trabajo por medio de un decreto presidencial. El inmueble será usado como sede de la cooperativa LF del Centro, integrada por más de 16 mil socios de los “electricistas en resistencia”. Con su entrega la cooperativa y el sindicato han recuperado más de 30 predios y centros de trabajo. “Para nosotros, la recuperación de Juárez 90 significa que estamos de regreso, que no pudieron acabar con el SME y que ahora tenemos en nuestras manos la oportunidad de regresar al sector eléctrico”, afirmó Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior de los electricistas. El edificio está ubicado en la esquina de Avenida Juárez y Humboldt y el acuerdo de su entrega se logró durante el plantón de Bucareli en el mes de julio. Fue devuelto por el gobierno casi sin mobiliario, “como pasó en otros centros de trabajo, la CFE saqueó todo”, describió Montes de Oca. Con la entrega del céntrico edificio de cuatro pisos, sólo quedan por recuperar una parte del Conjunto Tacuba y la fábrica de postes de Vicente Guerrero, ubicado en Iztapalapa. “El edificio de Juárez 90 es emblemático para nosotros, su entrega al SME es un símbolo de nuestra lucha. No fue fácil arrancárselo al gobierno de Enrique Peña Nieto y a la Comisión Federal de Electricidad”, apuntó Montes de Oca.

SME Martín Esparza Asamblea General Ordinaria de Informe y Aniversario 14dic17

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Martín Esparza

Asamblea General Ordinaria de Informe y Aniversario

 14dic17         

 

 

 

Es hora de abandonar el inservible TLCAN

diciembre 12, 2017

Autor: Martin Esparza

 

Si tras la aprobación de la reforma fiscal de Donald Trump en el Senado estadunidense las autoridades mexicanas no operan un cambio de timón en la economía nacional y abandonan su necedad de aferrarse a un tratado comercial que en 23 años únicamente ha abonado pobreza, estancamiento y endeudamiento al país, el futuro de las nuevas generaciones estará seriamente comprometido.

Como un árbol que nació torcido en cuanto a los intereses nacionales se refiere, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) nunca enderezó sus ramas para dar sombra a nuestra economía. Desde un principio, los dados se cargaron a favor de los intereses de las grandes multinacionales estadunidenses y de un reducido grupo de empresarios nacionales que nunca visualizó al acuerdo comercial como detonante del desarrollo interno.

Cuando el presidente estadunidense anunció su intención de renegociar el Tratado quedaron al descubierto los saldos negativos acumulados por más de 2 décadas, a los que además de los cuantiosos desajustes en la paridad del peso frente al dólar y el crecimiento desmesurado de la deuda pública, se agregaron el desmantelamiento de empresas a manos del Estado –como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad– y la privatización de otras –como Teléfonos de México (Telmex) y Ferrocarriles Nacionales–, sin descontar la desaparición algunas más –como el caso de Luz y Fuerza del Centro–, hasta acumular un millar de ellas relacionadas con ramas económicas estratégicas, como los aeropuertos, puertos, aerolíneas y minería.

El pasado 21 de noviembre concluyó la quinta ronda de negociaciones del TLCAN levantándose de la mesa la comisión trinacional sin lograr avance alguno en los 30 capítulos discutidos. Hace unos días, en una votación apretada, los republicanos consiguieron en el Senado estadunidense sacar adelante la reforma fiscal propuesta por Trump para reducir el impuesto a las empresas estadunidenses de 35 a 20 por ciento, una tasa menor de la que pagan en otros países, incluido México. El objetivo es convencer a los empresarios de ese país sobre la ventaja tributaria de invertir en Estados Unidos.

Esto tiene, en lo inmediato, dos lecturas: la primera con clara dedicatoria del gobierno estadunidense a externar el réquiem al TLCAN y su inalcanzable renegociación; y la segunda, a los efectos que tal migración empresarial traería a la economía mexicana, sobre todo en el tema de la recaudación ante la imposibilidad de bajar la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) del nivel actual de 30 a 20 por ciento, con el fin de mantener cautivos a los empresarios estadunidenses, pues esto significaría la pérdida del 2 por ciento, en promedio, del producto interno bruto (PIB).

Una salida de esta naturaleza obligaría a contratar mayor deuda—que ya ronda los 10 billones de pesos, y un pago anual por servicios de la misma equivalentes a más de 500 mil millones de pesos— y en su defecto, a sopesar la opción de aplicar el impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas como una opción desesperada por compensar recursos vía impuestos.

Es hora de que la clase política gobernante y sus futuros candidatos a competir en 2018 se pregunten si, con este escenario adverso, es pertinente aferrarse a mantener este desfavorable acuerdo comercial. Ha llegado el momento de hablar con la verdad y anteponer el interés de las mayorías ante las ganancias de unos cuantos, para dejar en claro que sería Estados Unidos la nación más perjudicada con el fin del TLCAN.

Medios nacionales y estadunidenses han difundido un estudio auspiciado por la Cámara de Comercio del vecino país del Norte donde se señala que unos 14 millones de empleos de aquella nación dependen del flujo comercial derivado del Tratado. De tal manera que unas 100 mil pequeñas y medianas empresas se verían afectadas y orilladas a cambiar de actividad para no quebrar, en su calidad de importadoras de productos mexicanos o exportadoras exclusivas a México.

Abundantes análisis se han vertido desde el inicio de la renegociación en torno al capítulo laboral, donde los trabajadores mexicanos guardan una desproporción salarial de 10 a 1 en relación con sus homólogos de Canadá y Estados Unidos. Se ha documentado que en el agro nacional por lo menos 5 millones de trabajadores agrícolas y campesinos debieron emigrar a la Unión Americana para no morir de hambre ante la debacle que representó el TLCAN en esta rama de la economía.

Las empresas estadunidenses han tenido en México un “paraíso laboral” por los bajos salarios que pagan sus filiales asentadas en nuestro territorio, con la complicidad de sindicatos corporativos como la Confederación de Trabajadores de México. No ha habido en todos estos años beneficios tangibles al bolsillo de los trabajadores y al nivel de vida de sus familias.

Y preguntamos: ¿no son estas suficientes razones como para sacrificar un poco las ganancias en el mercado de los dólares y voltear la vista al fortalecimiento de la industria nacional y el mercado interno?

De hecho, la inversión nacional es tres veces y media más grande que la inversión extranjera directa, entonces ¿por qué no enfilar nuevos objetivos a mercados como el latinoamericano viendo por el bienestar de los trabajadores, a través del pago de mejores salarios? Son ellos, al final de cuentas, los que generan la riqueza y pueden fortalecer la economía interna si se les resarce su poder adquisitivo.

No hay por qué temer a perder algo que nunca se ha tenido de manera justa. Insistir en mantener un acuerdo disfuncional e inconveniente para México es repetir el error del pasado de no escuchar a los sectores directamente afectados. El gobierno de Carlos Salinas se abstuvo de convocar a una consulta pública que pusiera en la mesa de la agenda nacional el contenido del acuerdo comercial; hoy el grupo de renegociadores dio la espalda a la opinión y puntos de vista de los diversos sectores sociales y económicos afectados a 23 años del TLCAN. De nueva cuenta aparece la garantía de un rutilante fracaso.

Si la reforma fiscal de Trump echa por tierra TLCAN y pone a la baja la inversión externa en nuestro país, está la vía de optar por un cambio de paradigma que apunte al fortalecimiento de la industria nacional y de su capacidad productiva. La clave está en aprovechar la actual coyuntura para aplicar un cambio de rumbo que fortalezca a la maltrecha economía nacional. La desaparición del Tratado no es el fin del mundo como la tecnocracia política insisten en hacerle ver al país. Hay opciones viables y ha llegado el momento hacer un punto de quiebre en el modelo neoliberal antes de el futuro de la nación se nos escape de las manos.

 

Martín Esparza Flores*

[OPINIÓN]

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

 

Programa Frecuencia Laboral del sábado 2 diciembre 2017

Programa Frecuencia Laboral

  Sábado 02 diciembre 2017