Puebla, Pue. Luego de seis años de haber parado, la hidroeléctrica de Necaxa, ubicada en la Sierra Norte, será puesta en operación a través de una concesión por 30 años a la empresa portuguesa Mota Engil en sociedad con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Domingo Aguilar Vázquez, secretario del interior de la División Nuevo Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), revela que junto con la de Lerma, son las primeras dos de 12 hidroeléctricas y 30 centrales de ciclo combinado que se reactivarán. La de Necaxa lo hará bajo un esquema de inversión compartido, y que están ubicadas en el Estado de México, el Distrito Federal, Hidalgo y Tlaxcala.
Comentó que mediante una cooperativa denominada Luz y Fuerza tendrán 49% de las acciones y el resto la trasnacional, con la cual constituyeron la empresa Fénix, que significa el renacimiento de esta infraestructura que quedó a la deriva desde octubre del 2009, cuando el entonces presidente Felipe Calderón ordenó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Se reactiva el municipio
Se prevé que con la inversión de 500 millones de pesos en la hidroeléctrica Necaxa se reactivará la economía del municipio Juan Galindo, que tiene poco más de 10,000 habitantes, de los cuales aproximadamente 3,000 se mantuvieron seis años en resistencia mediante juicios laborales y en tribunales, para no aceptar las liquidaciones que les ofrecieron.
El alcalde Luis Gerardo Martínez Gómez comentó que tras cerrar LyFC, algunos ex empleados tuvieron que emigrar, contratados por la Comisión Federal de Electricidad, otros se fueron a industrias de la capital poblana y los más grandes se dedicaron a sus negocios, los cuales atendían con sus familias.
“El 60% de nuestra economía dependía de Luz y Fuerza del Centro, debido a lo que gastaban trabajadores en comercios locales, y la otra parte era generada por el campo”, explicó el edil.
Puntualizó que aun cuando se reactivará la planta, tardarían hasta dos años en verse de nuevo los beneficios en las familias.
En tanto, el directivo del SME, Aguilar Vázquez, refirió que a seis años de extinguirse LyFC (11 de octubre del 2009), el SME presentó una propuesta para rehabilitar el sistema hidráulico del complejo Necaxa que tiene afectaciones en 90%, pero una vez reparado estaría en condiciones de dar servicio a 22 municipios del país con una tarifa de 54 centavos por kilowatt hora.
Cabe destacar que para lograr este acuerdo de reactivación, los ex empleados desistieron de los juicios laborales.
Proyecciones de inversión y producción
Mencionó que se requiere una inversión de 500 millones de pesos, que serían recuperados en 12 meses y se tendrían ganancias por unos 200 millones de pesos, a pesar de que la tarifa sea 70% menor a la que cobra la CFE y asciende a 3.58 pesos por kilowatt hora.
“No es oficial la inversión proyectada, ya que estamos haciendo la cuantificación con Mota Engil, para que antes de concluir el mes tengamos una cifra más exacta de lo que se requiere para modernizar las instalaciones”, dijo.
El arranque de esta empresa fue con la entrega de 40 predios que conforman el campamento La Mesa, destinados a fábricas y talleres necesarios para la reparación y mantenimiento de las generadoras de energía, de las que ya se cuenta con un diagnóstico para empezar a trabajar.
Luego vendrá la devolución de 20 predios de naves industriales y al final la agencia comercial.
Vázquez Aguilar agregó que continuarán hasta completar la reactivación de 12 plantas hidroeléctricas y 30 de ciclo combinado, instaladas en el Estado de México, el Distrito Federal, Hidalgo y Tlaxcala.
Dentro del acuerdo, el SME se queda con las Agencias Foráneas y el Departamento de Transmisión, “por lo que debemos prepararnos para atender dichas áreas importantes para la hidroeléctrica”.
El SME, que encabeza a nivel nacional Martín Esparza Flores, está conformado por 16,000 trabajadores sindicalizados.
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El pasado 26 de septiembre, y sin importar las inclemencias del tiempo, miles de mexicanos salieron a las calles de la Ciudad de México, y de otros estados, a mostrar a una voz el hartazgo que priva en un pueblo agraviado por la creciente injusticia y la impunidad con que operan no únicamente los grupos criminales que controlan amplias regiones del país, sino los cuerpos de seguridad y fuerzas castrenses, aliados con los capos en el rentable y sangriento negocio del narcotráfico.
