2017 06 10 Foro Debate Crisis y Elecciones en México

Foro Debate Crisis y Elecciones en México  

10/ 06/ 2017

 

 

 

 

Programa Frecuencia Laboral del sábado 10 junio 2017

Programa Frecuencia Laboral

Sábado 10 junio 2017        

 

 

 

 

El negro historial de la represión en México (Parte II y última: De los homicidios políticos a la criminalización social)

El negro historial de la represión en México (Parte II y última: De los homicidios políticos a la criminalización social)

Junio 11, 2017 at 10:00 am

By Martin Esparza

 

 

Carlos Salinas de Gortari  concluyó  su sexenio atrapado entre las dudas de los asesinatos perpetrados al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y al secretario general de ese partido, José Francisco Ruiz Massieu; su estrategia  estelar para combatir la marginación, el Programa de Solidaridad,  no alcanzó a permear en las regiones más apartadas del país y en zonas indígenas de Chiapas, en donde en enero de 1994 emergió como una respuesta a su política neoliberal el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que de inmediato fue brutalmente agredido por las fuerzas castrenses.

 

 

A Salinas no le interesó hablar de cara a la nación sobre las causas de la agobiante pobreza de millones de mexicanos, sino reprimir a quienes alzaron la voz para denunciarla.

Bastaron seis años para que Salinas concluyera el desmantelamiento y venta de las empresas públicas a precios irrisorios, iniciada por su antecesor Miguel de la Madrid Hurtado, abriendo el sector energético y entregando la soberanía económica y alimentaria a los capitales foráneos a través de la firma del TLC (Tratado de Libre Comercio). Miles de trabajadores perdieron su estabilidad laboral al ingresar en tropel las maquiladoras y el campo se convirtió en el principal expulsor de mano de obra a Estados Unidos, situación que brindó a  los cárteles la oportunidad de reclutar en sus filas a un sinnúmero de hambrientos y desesperados campesinos para convertirlos en sicarios.

En el gobierno de Ernesto Zedillo las afrentas se acrecentaron y la represión apareció con más fuerza en las comunidades indígenas y campesinas bajo el sello de un tecnócrata anodino y carente de toda sensibilidad social.

El 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, ubicado en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, fuerzas policiales de la entidad masacraron a 17 campesinos y dejaron heridos a 21 más. El gobernador Rubén Figueroa Alcocer fue destituido del cargo, pero no le fincaron responsabilidades. Algo similar ocurrió en Acteal, Chiapas, municipio en donde el 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas de San Pedro Chenalhó fueron asesinados a manos de paramilitares por intentar establecer un autogobierno. Por esos hechos renunció al cargo Julio César Ruiz Ferro, entonces mandatario chiapaneco. Misma suerte corrió el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, pero como en Guerrero, la impunidad protegió a los políticos en turno.

Zedillo consintió la privatización de los ferrocarriles nacionales y le cargó a los mexicanos la deuda multimillonaria de los banqueros mediante el llamado Fobaproa, al igual que el rescate carretero; ambos sumaron más de 800 mil millones de pesos. Los adeudos de estos grupos empresariales fueron transformados a deuda pública. Pero no conforme con ello, el entonces presidente alentó las reformas a la Ley del IMSS, para que los ahorros de los trabajadores pasaran a ser manejados por los voraces banqueros a través de las Afores. Un agravio cometido  a millones de mexicanos que a la distancia los tiene en riesgo de afrontar una vejez miserable al no contar con los fondos necesarios para su retiro.

El gobierno de la inalcanzada transición democrática de Vicente Fox no marcó diferencia alguna en represiones y atentados neoliberales contra la economía familiar, el nivel de vida de millones de mexicanos y la represión contra los grupos sociales. Menos todavía en su lucha contra el crimen organizado, pues apenas con dos meses en el cargo, enero de 2001, “El Chapo” Guzmán se fugó del penal de alta seguridad de Puente Grande, con la complicidad de los funcionarios nombrados por el panista. Durante su administración comenzaron a dilapidarse los excedentes petroleros, sin que la economía se reactivara ni los programas sociales incidieran en un combate frontal a la marginación.

Como Salinas, Fox terminó su gobierno con dos hechos que han quedado registrados en el negro historial de las infamias cometidas al país. El 19 de febrero del 2006, 65 trabajadores quedaron atrapados al derrumbarse uno de los tiros de la Mina Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila. Las instalaciones eran administradas por Minera México, propiedad de Germán Larrea, uno de los empresarios que financiaron en el 2000 la campaña presidencial del panista.

Lejos de exigir a la compañía las inmediatas labores de rescate, Vicente Fox, mediante su secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, encubrió el crimen de industria que, hasta hoy, sigue sin castigo. Sólo dos cuerpos fueron rescatados y los otros 63  permanecen en las entrañas del socavón siniestrado como mudos testigos de la injusticia de los gobiernos panistas hacia los trabajadores.

Dos meses más tarde, el 3 y 4 de mayo de ese año, en San Salvador Atenco, Estado de México, se suscitó una de las peores represiones de que se tenga memoria; Fox cobró a los ejidatarios y miembros del Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT) la afrenta de no haberle permitido erigir en sus tierras de cultivo lo que había anunciado como su obra sexenal: el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Con el apoyo de las autoridades se reprimió brutalmente a los habitantes de Atenco, que apoyaban a vendedores de flores desalojados por la policía en el vecino municipio de Texcoco; al llamado del gobierno local acudieron fuerzas federales a las que no importó golpear y detener lo mismo a hombres que a menores de edad; la brutalidad fue tal que más de 60 mujeres fueron violadas y vejadas y 290 personas detenidas.

Sujetos a proceso como reos de alta peligrosidad, 12 miembros del FPDT  fueron enviados al penal del Altiplano; luego de cuatro años de lucha y movilizaciones sociales exigiendo su liberación, la Suprema Corte los declaró inocentes, el 30 de junio de 2010. Su delito consistió en  defender su tierra y el derecho a trabajarla.

Con el arribo de otro panista al poder, Felipe Calderón Hinojosa, México se dispuso a sumergirse en un baño de sangre luego de que, para legitimar su gobierno, al espurio mandatario se le ocurriera declarar la “guerra” a los ensoberbecidos cárteles de la droga, también solapados en el sexenio de Fox. Ambos exmandatarios compartieron la comisión de un gigantesco y costoso  agravio al país: dilapidaron un billón 200 mil millones de pesos de los excedentes petroleros.

Con Calderón no tardaron en aparecer la impunidad y la represión como muestras de su ineptitud para atender los graves problemas sociales y de justicia en el país. El 5 de junio de 2009, fallecieron 49 niños y 106 más resultaron gravemente heridos tras registrase un incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora. Lejos de hacer justicia, Calderón encubrió a los responsables, entre ellos a  Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de su esposa Margarita Zavala. Hace unos días se cumplieron ocho años de la tragedia y los padres de familia siguen exigiendo que los culpables estén en la cárcel. Margarita Zavala, con el mayor de los cinismos e impunidades,  ahora quiere ser presidenta.

Meses más tarde, el 11 de octubre, Calderón operó un golpe de estado contra los trabajadores del SME, a los que mediante el uso de las fuerzas militar y policial  expulsó de sus centros de trabajo, al emitir su  decreto de extinción de  Luz y Fuerza del Centro; de la noche a la mañana el “presidente del empleo” despojó de su trabajo a  44 mil electricistas de manera injustificada. Como lo denunció el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas), al entonces mandatario le preocupaba que un sindicato independiente obstruyera sus planes para desmantelar el sistema eléctrico nacional y entregarlo a las trasnacionales, pero su plan no logró desaparecer al SME y  su promesa de bajar  las tarifas eléctricas y mejorar el servicio nunca se cumplió. Millones de usuarios terminaron repudiándolo por la desmesurada alza en sus recibos de luz.

Al final de su gobierno quedaron regados por el país más de 80 mil cadáveres y  aún están en calidad de desaparecidos unas 20 mil personas, sin contar con la cifra incuantificable de desplazados por su fallida guerra contra el narcotráfico. Ahora, con la imposición de las reformas estructurales y la criminalización de la protesta social, la agenda de la represión empieza a saturarse; lo sucedido en Nochixtlán, Oaxaca, es el resultado de la inconformidad de los maestros a la Reforma Educativa y los despojos a miles de comunidades campesinas e indígenas por la implementación de proyectos energéticos, que engendran un clima de incalculable tensión social. Los agravios acumulados a lo largo de los  sexenios contra el pueblo de México están llegando al límite y eso deben sopesarlo con sumo cuidado los tecnócratas que insisten en rendir culto a la teoría neoliberal y la narcopolítica.

 

Martín Esparza

Contralínea 543 / del 12 al 18 de Junio de 2017

 

 

Acuerdan usuarios con CFE “borrón y cuenta nueva” en consumo de energía

 Acuerdan usuarios con CFE “borrón y cuenta nueva” en consumo de energía

 Patricia Muñoz Ríos

 

Periódico La Jornada
Martes 6 de junio de 2017, p. 17

 

Se constituirá una cartera vencida de los usuarios de energía eléctrica que aglutinará los adeudos acumulados de ciudadanos afectados por los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Serán analizados, a fin de que haya borrón y cuenta nueva y además se fijarán los pasos para que los consumidores quejosos tengan cuentas renovadas.

Los anteriores fueron los acuerdos a que llegaron la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y la CFE, la cual firmó una minuta que contiene medidas para atender los reclamos y detener acciones judiciales contra dichos usuarios.
Luego del acuerdo, la asamblea determinó levantar el plantón que mantuvo afuera de las instalaciones de la CFE por 46 días, gracias al triunfo parcial de sus demandas.
La organización informó que lleva siete años de movilización, en demanda de condonación de adeudos, es decir, de un borrón y cuenta nueva; tarifa de luz social y justa; clasificación de la energía a derecho humano; abrogación de la reforma energética, y renacionalización de la industria.
Expuso que gracias al plantón se logró que la CFE firmara la minuta, con avances sustanciales en las dos primeras demandas, ya que se constituirá una cartera vencida con los adeudos de los usuarios a los que se les otorgaría la condonación y una cuenta nueva.

La asamblea de usuarios explicó que el vacío contractual, surgido del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, ha sido uno de los argumentos en que se apoya la huelga de pagos a la CFE.
También sostuvo que si el gobierno los engaña con la minuta o si no muestra la intención de cumplir los acuerdos, regresarán al plantón y se intensificarán las acciones, en alianza con otras organizaciones, en especial con el Sindicato Mexicano de Electricistas.
La asamblea de usuarios explicó que el vacío contractual, surgido del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, ha sido uno de los argumentos en que se apoya la huelga de pagos a la CFE.
También sostuvo que si el gobierno los engaña con la minuta o si no muestra la intención de cumplir los acuerdos, regresarán al plantón y se intensificarán las acciones, en alianza con otras organizaciones, en especial con el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Esto, porque, agregó, decenas de cientos de ciudadanos viven en la angustia de tener que pagar cobros de luz excesivos por altos consumos que no hicieron, porque se les han acumulado deudas impagables ante la CFE y por ser víctimas de persecución judicial por esa empresa, cuando en realidad sus viviendas o negocios son modestos.
En la minuta, la CFE se compromete a suspender los cobros extrajudiciales, los cortes arbitrarios y las denuncias ante la Procuraduría General de la República.

 



 

 

La mujer indígena que va tras la Presidencia

 

  3 Junio, 2017| Articulistas| Views: 474             

María de Jesús Patricio

Martín Esparza Flores

En la escena electoral del próximo año estará presente una candidata de origen indígena que cuenta con el apoyo otorgado a su favor por mil 482 delegados de 58 pueblos originarios de todo el país, reunidos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el seno del Congreso  Nacional Indígena (CNI), con la participación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

María de Jesús Patricio Martínez, una mujer de 53 años, originaria de la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco, y que ha dedicado buena parte de su vida a la difusión de la medicina tradicional y herbolaria, buscará ante los órganos electorales su registro como candidata independiente  a la Presidencia de la República.

Entre sus objetivos emanados del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) que la eligió además como su vocera, está el tender vasos comunicantes para visibilizar la lucha que  libran por todo el territorio nacional 15 millones de indígenas en la defensa de sus recursos naturales y comunidades, para crear conciencia entre los  sectores de la sociedad civil, buscando  la  construcción de un gran movimiento popular que “desmonte el poder podrido”, sustentado por los partidos tradicionales y que ha establecido un rumbo donde las etnias solo ven “un horizonte de muerte y destrucción de nuestras tierras, familias y vidas”, como se estableció en los acuerdos del trascendente encuentro indígena.

Cuando en octubre pasado trascendió tal propósito, hoy en vías de concretarse, diversos miembros de la partidocracia se apresuraron a descalificarlo, mostrando más que intolerancia un fundado resquemor porque este  sector de la población tome en sus manos el derrotero de su propia lucha en el terreno electoral, luego de haber visto desfilar a lo largo de los sexenios candidatos de todas las siglas que le han prometido acceso a la justicia, al bienestar social y económico, solo  como parte de una reiterada demagogia.

Los indígenas saben que para las autoridades las agresiones y despojos que sufren a manos del crimen organizado son asuntos relegados en la agenda oficial y que nada harán tampoco para escuchar sus voces y reclamos ante el saqueo de mayor calado que se avecina con los megaproyectos energéticos, mineros o carreteros, en contra de sus recursos naturales y sus territorios. Los problemas  de los pueblos originarios forman parte de las agresiones sociales en todo el país.

Por eso, la convocatoria popular que se avecina, llevando como vocera a una mujer indígena nahua, tendrá como destinarios a los maestros, a los trabajadores, a los campesinos, pero también a quienes viven de la informalidad lo mismo que a los pequeños y medianos industriales y comerciantes, hastiados por igual de sufrir los embates de una política neoliberal que únicamente vela por los intereses de los consorcios trasnacionales y de los monopolios locales, olvidándose del desarrollo integral de la economía y del bienestar de millones de mexicanos; entregando con la complicidad de los partidos políticos los recursos naturales y la soberanía nacional mediante la imposición de las reformas estructurales.

Ahora sí podrá decirse que el pueblo tendrá una candidata legítima con la cual analizar sus  problemas en común, tendiendo los puentes para el diálogo y la unidad de todos los sectores sociales en la construcción de propuestas para luchar por los intereses de las mayorías. El  indudable rechazo social a los partidos se acrecentará conforme la candidata independiente empiece a recorrer el país con miras a la elección de 2018.

 

 

 

Programa Frecuencia Laboral del sábado 3 junio 2017

Programa Frecuencia Laboral

Sábado 03 junio 2017       

 

 

  

ANUEE arranca primeros acuerdos a Gobierno federal y CFE. Levantan plantón

ANUEE arranca primeros acuerdos a Gobierno federal y CFE. Levantan plantón
2 junio 2017 

Ciudad de México I Desinformémonos I La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) logra acuerdos preliminares con el gobierno federal y con una marcha del Zócalo de la ciudad, a la esquina de Paseo de la Reforma e Insurgentes, levantaron el plantón que tuvo durante 46 días frente al edificio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

En un documento en el que se plasmaron las firmas de los representantes de la ANUEE, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Energía (Sener) y la CFE, se pactaron los siguientes acuerdos: 

1. Tratamiento a la cartera vencida.  ANUEE entregará a CFE un listado con monto de  adeudos para integrar a cartera vencida y establecer mesa de diálogo para verificar tratamiento a la misma o sea la condonación de los adeudos. 

2. CFE se compromete a regularizar mediante contrato y los pagos correspondientes a quien voluntariamente lo requiera, dejando constancia que de acuerdo a la legislación vigente, existe ante la Comisión Reguladora de Energía, la solicitud para que se otorgue el permiso a una nueva “Suministradora de Usuarios Básicos”.

3. La CFE suspenderá a la brevedad los cobros extrajudiciales, los cortes arbitrarios y las denuncias ante la PGR mientras esté el proceso de solución del conflicto.

4. Segob con Procuraduría Federal del Consumidor retomará la agenda y mesa de trabajo propuesta por la ANUEE

 

También la Segob revisará las violaciones a derechos humanos que se cometieron y establece el compromiso de abrir una canal con el Congreso de la Unión para que se plantee el que la energía eléctrica sea un derecho humano.

 

 

En un comunicado, la ANUEE señala que tiene ya siete años de movilización luchando por cinco puntos: condonación de los adeudos en un borrón y cuenta nueva, una tarifa de luz social y justa, la elevación de la energía eléctrica a derecho humano, la abrogación de la reforma energética y la renacionalización de la industria eléctrica.

“La lucha en las calles ha dado sus primeros frutos” señala Juan Carlos Escalante en el mitin que realizan para levantar el plantón que duró 46 días. La ANUEE sabe que es una lucha larga y ha conseguido arrancarle al gobierno federal una minuta firmada en la que se reflejan avances importantes para satisfacer las dos primeras demandas de su lucha.

Se dan los primeros pasos para la solución del conflicto. Con los acuerdos logrados y plasmados en el documento firmado con el gobierno federal y las instancias correspondientes, la ANUEE toma la decisión de retirarse del plantón para continuar con la construcción y la organización territorial señalaron sus dirigentes “Ahora toca ver que los acuerdos se cumplan”. 

“Habrá que seguir luchando y la ANUEE seguirá presente en el movimiento social. Estos primeros resultados son gracias a la movilización. Logramos que este gobierno neoliberal y sus instancias se sentaran a negociar con nuestra organización y se restableciera una ruta para solucionar nuestras demandas. Nos vamos de Insurgentes y Reforma, pero no de la lucha y el movimiento social que ahora se fortalecerá en las colonias y en la ” señaló Escalante ante cientos de usuarios pertenecientes a la ANUEE.

Agradecieron también a todas las organizaciones que apoyaron solidariamente el sostenimiento del plantón, en especial al Sindicato Mexicano de Electricistas. 

Enlace https://desinformemonos.org/anuee-arranca-primeros-acuerdos-gobierno-federal-cfe-levantan-planton/