Del 68 a Ayotzinapa

Martín Esparza Flores

Al cumplirse 47 años de la matanza estudiantil de Tlatelolco, registrada el 2 de octubre de 1968 durante el gobierno represor de Gustavo Díaz Ordaz, las condiciones adversas a que se enfrentaron los jóvenes de ayer no son muy diferentes a las que hoy prevalecen en el escenario nacional y que obligan a miles de estudiantes a luchar contra inercias autoritarias del pasado que buscan criminalizar a los movimientos sociales como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace un año, en la ciudad de Iguala, Guerrero.

Es inconcebible que a casi medio siglo, los gobiernos en turno insistan en anteponer el uso de la fuerza pública al diálogo y la razón; el sanguinario gobierno de Díaz Ordaz, temeroso de que el conflicto estudiantil afectara la realización de los Juegos Olímpicos, no dudó en utilizar a las fuerzas castrenses para acallar un reclamo que sobrepasó el ámbito de las universidades, como el Politécnico y la UNAM, para salir a las calles y permear a toda la sociedad: obreros, amas de casa, estudiantes de escuelas privadas, empleados; es decir, toda la ciudadanía se unió a su lucha y a sus justas demandas entre las que destacaban: libertad a los presos políticos; derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que amparaban el delito de disolución social y sirvieron de instrumento jurídico para la agresión sufrida por los estudiantes y para encarcelar a infinidad de luchadores sociales; desaparición del Cuerpo de Granaderos; destitución de los jefes policiacos; indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto; deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos.

Tras la matanza del 2 de octubre, y buscando resarcir su imagen política, el viejo régimen aceptó derogar el delito de disolución social pero nunca indemnizó a las víctimas ni castigó a los culpables y menos disolvió los cuerpos de represión policial. Hoy que los medios alineados al Estado buscan desvirtuar la lucha de los normalistas de Ayotzinapa, bajo el supuesto de su relación con grupos del crimen organizado, ocultan alevosamente no sólo la realidad precaria que priva desde hace años tanto en la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, como en el resto de los 16 planteles de esa naturaleza en el país, condenadas por el neoliberalismo a desaparecer en el olvido y la inanición.

En una actitud de bajeza humana se pide a los padres de los estudiantes desaparecidos que yasuperenla pérdida de sus hijos, pero se encubre por todos los medios el origen de sus demandas que los ha llevado a realizar marchas, mítines y cierre de carreteras, y del cual son directamente responsables las autoridades educativas que han olvidado la esencia de las normales rurales que nacieron en el siglo pasado.