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| Carmen Aristegui, periodista. Foto: Miguel Dimayuga |
MÉXICO, D.F. (apro).- En un movimiento simultáneo, el jueves 17 y el viernes 18, el Grupo MVS, de la familia Vargas, obtuvo en tribunales especializados en telecomunicaciones dos triunfos rotundos ante Grupo Televisa, su adversario en el mercado, en una clara señal de reconsideración a la empresa que este año protagonizó el escándalo de la ruptura con su periodista estelar, Carmen Aristegui, y un equipo de 19 periodistas y comunicadores que fueron despedidos desde marzo pasado.
El 17 de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones desechó el amparo interpuesto por la empresa de Emilio Azcárraga Jean para no aplicar las obligaciones del must carry y del must offer, es decir, la retransmisión gratuita de la señal radiodifundida de otras empresas.
Esta batalla es una causa encabezada por Grupo Dish, filial de MVS, que ha competido en el mercado de la televisión restringida, vía satelital, con Sky, filial de Televisa. La retransmisión gratuita de los canales abiertos más vistos, en especial, el Canal 2, se consideró como desventaja competitiva. Dish defendió el decreto de la reforma constitucional de telecomunicaciones, del 27 de febrero de 2014, que obliga a los concesionarios de televisión abierta (léase Televisa y TV Azteca) a retransmitir sus señales sin costo adicional a los servicios de otras empresas de televisión de paga.
El 18 de septiembre, este mismo tribunal colegiado falló a favor de Grupo MVS para mantener vigente el acuerdo entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la empresa de Joaquín Vargas, signado en 2013, para el uso de la banda 2.5 Ghz, que el gobierno de Felipe Calderón intentó rescatar de mala manera en 2011.
Grupo Televisa había impugnado ese acuerdo y el tribunal decidió que la empresa no tenía “el interés legítimo y no sólo el propósito de obtener un beneficio económico”.
La banda 2.5 Ghz
El conflicto por la banda 2.5 Ghz, cuyo valor es mayor a los mil millones de dólares, provocó la primera salida de Carmen Aristegui de MVS, en febrero de 2011. El entonces gobierno de Felipe Calderón presionó a Joaquín Vargas para no refrendar las concesiones que MVS detentaba en esa banda, si no despedía a Aristegui, tal como el propio empresario reconoció en agosto de 2012 (Proceso 1789 y 2002).
El precedente de este conflicto hace pensar que un caso de presión similar pudo estar detrás de la salida de Aristegui y su equipo, en marzo de 2015, cuatro meses después de la difusión del reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto, que provocó un profundo malestar en el gobierno de Peña Nieto.
La diferencia estriba en que en la primera salida de Aristegui de MVS Radio, en febrero de 2011, la presión fue tan fuerte contra la empresa y contra el gobierno calderonista, que ambos decidieron revertir la decisión. En el caso de la salida de 2015, la protesta de las audiencias y de la sociedad ha sido mayor, pero MVS no modificó un milímetro su decisión, aunque dio versiones contradictorias: primero dijo que fue por el mal uso de la “marca” de la empresa en la plataforma Mexicoleaks, luego por la no aceptación de Carmen Aristegui de unos “lineamientos editoriales” que violaban el contrato entre la periodista y la empresa, y finalmente, quedó en un asunto que está en demanda mercantil por el uso de los contenidos del noticiero de MVS Radio en la plataforma digital Aristegui Noticias.
Todos los argumentos contradictorios de MVS han sido utilizados para negar, una y otra vez, que se trate de un caso de censura o de presión gubernamental.
Los antecedentes y lo ocurrido el jueves 17 y el viernes 18 hacen pensar lo contrario. Nada se mueve en un sector con tantos intereses de por medio sin la presión de las autoridades gubernamentales, mucho menos en este sexenio caracterizado por su alto grado de control en los contenidos de medios electrónicos.
Beneficio a Televisa
Todas estas decisiones harían pensar que las autoridades de telecomunicaciones están afectando los intereses de Grupo Televisa, el agente preponderante en televisión abierta, a favor de su viejo rival MVS y de América Móvil, con quienes protagonizó una guerra muy agria y abierta en 2011, teniendo a Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, como aliado.
Sin embargo, expertos en el sector e informaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones advierten que el gran beneficio para Grupo Televisa está en la negociación para que no sea declarado dominante en el mercado de la televisión de paga, donde posee el control de empresas como Cablevisión, Cablemás, Cablecom y TVI (en televisión por cable), así como Sky (en televisión satelital) y más de 60% de los usuarios de televisión restringida en el país.
Según reportó el periódico Reforma, los representantes de Televisa sostuvieron el 26 de agosto, el 3 y el 13 de septiembre reuniones con representantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El intenso cabildeo de Alfonso de Angoitia, vicepresidente de la empresa; de Alejandro Bustos, vicepresidente de Temas Jurídicos y de Regulación, y Adolfo Lagos, vicepresidente de Telecomunicación, tiene dos grandes objetivos:
1. Evitar que en caso de ser declarados dominantes se les impida empaquetar la venta de publicidad a través de televisión restringida y televisión abierta, tal como lo vienen haciendo.
2. Eludir restricciones en la compra de contenidos.
Los derechos de usuarios y audiencias salen perdiendo
En ambos casos: los beneficios a MVS y América Móvil, por un lado, y una declaratoria light de dominancia en televisión restringida para Televisa, por el otro, quienes saldrán perdiendo en muchos sentidos son los usuarios y las audiencias porque en ninguno de los dos casos se debaten sus derechos sino los grandes intereses corporativos y el gran negocio de los corporativos en disputa.
El must carry y el must offer que ha conseguido MVS es muy loable en términos de concordancia con la reforma de telecomunicaciones, pero muy criticable ahora que sus contenidos informativos carecen de periodistas críticos. La alineación con los intereses gubernamentales es clara en todas sus emisiones.
El derecho a la información y los derechos de las audiencias salen perdiendo cuando hay acuerdos cupulares entre autoridades y concesionarios, sin importarles que el gran negocio se sustenta en la concesión de un servicio de interés público (artículo 6º. constitucional). La libertad de expresión se esgrime como una moneda de cambio, no como una convicción interna y frente a las audiencias.
Por otro lado, los derechos de los usuarios y de las audiencias en la televisión de paga prácticamente son ignorados en el debate cerrado que el IFT sostiene para definir la posición de Televisa en este mercado que estará cada vez más concentrado.
Prácticamente, MVS se conforma con jugar el papel que TV Azteca hizo en la televisión abierta: ser un contrincante cómodo en televisión restringida para Televisa.
Con la salida de Aristegui y de su equipo lo que se confirma es que en los espacios informativos de MVS nada incomoda al gobierno de Peña Nieto ni con la sugerencia de una Casa Blanca.
Comentarios: www.homozapping.com.mx
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