El despertar ciudadano en Europa ha posibilitado un cambio de paradigma en los procesos electorales de países como Grecia y España, donde este año se desplazó a los enquistados partidos tradicionales para dar paso al triunfo de agredidos sectores de la sociedad, ahora empoderados, imponiendo una agenda económica como parte sustancial de una renovada democracia que está planteando, entre otros puntos, auditorías ciudadanas a las estratosféricas deudas públicas contraídas por gobiernos anteriores y que han representado el deterioro en el nivel de vida de millones de habitantes al grado de paralizar su desarrollo económico, acrecentando el desempleo y los recortes presupuestales a rubros como la salud, la seguridad social y las pensiones, como parte de las imposiciones y chantajes que organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE) buscan aplicar a Grecia como insalvable condición para liberarle recursos emergentes que eviten una probable moratoria.
Desde que en enero pasado ganó las elecciones en la nación helénica el candidato del Partido Syriza, Alexander Tsipras, anunció un cambio a fondo sobre el modelo neoliberal que hasta entonces imperaba en aquella nación, anticipando que iniciaría un proceso de renegociación de la deuda y frenaría las agresivas medidas de austeridad impuestas por el gobierno conservador de Antonis Samarás, quien sumisamente se plegó a los dictados de la llamada Troika (la Comunidad Europea, el BCE y el FMI), y cuyas repercusiones afectaron a millones de griegos en su nivel de vida y condujeron a los graves disturbios registrados en esa nación en 2008, donde miles de jóvenes, trabajadores, empleados públicos y pequeños empresarios agraviados empezaron a identificarse con el discurso de Tsipras sumándose a su lucha.
Las medidas autoritarias y antisociales adoptadas de igual forma por el presidente Mariano Rajoy, en España, que pretextando, al igual que Samaras, ineludibles compromisos de su gobierno para solventar el aumento en los intereses de su deuda pública –elevado de manera unilateral por los organismos financieros internacionales en 7 mil 794 millones de euros, entre 2010 y 2011–, autorizó la aplicación de un plan de austeridad que en aquel país impactó en los programas de salud, de enseñanza preescolar y primaria, en las prestaciones amparadas en la seguridad social, como las asignaciones por maternidad, licencias en cuidado de los hijos y subsidios a la provisión de comida de los niños pobres en edad preescolar.
Para atender la voracidad de los banqueros, además de aplicar recortes a los programas sociales por 7 mil 156 millones de euros, Rajoy terminó por colapsar la economía española al desatar una graves crisis social aderezada por miles y miles de empleados públicos que vieron reducidos sus salarios o fueron despedidos. De la noche a la mañana, la clase media española enfrentó la disyuntiva de no tener para pagar sus hipotecas, o al menos el alquiler de sus viviendas, siendo lanzada literalmente a la calle.
El pasado mes de mayo, los españoles organizados en agrupaciones emergentes surgidas de la propia sociedad civil como el Movimiento Podemos, repitieron el hartazgo social de Grecia y dieron un histórico revés a partidos tradicionales como el derechista Partido Popular –de Rajoy–, pero también al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ganando en las principales ciudades ibéricas como Madrid (la capital), Barcelona y Valencia, hasta sumar un total de 10 de los principales ayuntamientos.
Pero al igual que en Grecia, esta irrupción social al poder no ha quedado en un mero cambio de estructuras burocráticas y de funcionarios; conocedores en carne propia de los efectos de las políticas neoliberales que tanto daño han causado a su economía, los ahora ganadores buscan materializar un esquema de revisión que permita conocer los orígenes de las aberrantes deudas que han sido el argumento para extraer miles de millones de recursos públicos, para satisfacer las exigencias de la banca mundial, y que permita conocer quiénes son los principales responsables de estos desfalcos multimillonarios que han empobrecido a millones de habitantes en España, Grecia, Portugal y muchos otros países, cuyo patrón de conducta, irresponsable y servil de sus gobierno es muy similar. La exigencia es saber a detalle quién debe a quién.
Bajo la figura de auditorías ciudadanas, organismos como el Parlamento Griego han aprobado la Auditoría de la Deuda y la Verdad, que con el consenso del gobierno y la ciudadanía llevará a cabo la ardua tarea de identificar las causas reales de las deudas pasadas, a través de mecanismos de fiscalización, donde la sociedad esté presente en todo momento, dando un puntapié a los tradicionales métodos de fiscalización y revisión como los existentes en México, donde las auditorías en los tres niveles de gobierno dependen directamente de la clase gobernante.
En ciudades de España, como Valencia, las autoridades del nuevo gobierno municipal han publicado una carta abierta a toda la población, detallando los pormenores para la creación de una Comisión de Auditoría y Transparencia que incluya como uno de sus objetivos “la realización de una auditoría ciudadana de la deuda municipal que identifique qué parte de la misma es ilegítima o ilegal, abogando por el impago de esa proporción de la deuda”.
El nuevo ayuntamiento de aquella ciudad plantea también que “es imprescindible en el proceso de esa auditoría ciudadana de la deuda, conocer cuáles han sido los mecanismos del endeudamiento y quiénes han sido los responsables, para iniciar acciones legales destinadas a depurar responsabilidades y demandar reparaciones”.
El modelo de fiscalización donde es la propia ciudadanía la que “participa, la que propone y decide criterios a utilizar para evaluar la deuda”, no únicamente ha puesto a temblar a infinidad de políticos corruptos, sino a empresarios, banqueros cómplices y altos funcionarios de los organismos internacionales, pues hay la plena conciencia en millones de europeos de que no han sido ellos los culpables de que las deudas de sus países hayan llegado a niveles de inducida insolvencia, razón por la que en Valencia se busca que haya una plena identificación de “aquellas deudas que han sido creadas artificialmente entregando dinero público a entidades financieras y a agentes particulares. De tal forma que se puedan emprender acciones contra los responsables públicos y privados que han actuado en contra de los intereses de la población”.
El movimiento social y los gobiernos que han emergido del mismo en Grecia y España buscan negociar de frente y con sólidos argumentos ante los banqueros y organismos financieros mundiales para demostrar que no es posible ni aceptable expoliar a millones de habitantes por los negocios ilícitos de unos cuantos, y donde son ellos mismos los que a través de la corrupción se han encargado de esquilmar los recursos públicos de forma ilícita. El declarar una moratoria como puede suceder en el caso de Grecia, estaría más que justificada por la execrable voracidad del FMI y el BCE.
Voces como la del eurodiputado español Miguel Urbán se han hecho escuchar en el Parlamento Europeo ante el presidente del BCE, Mario Draghi, advirtiendo que no hay razones válidas para seguir chantajeando y expoliando por el tema de una deuda ilegítima a las clases trabajadora y popular del Sur de Europa. Urbán dejó en claro que la lucha de millones por recuperar su dignidad y la defensa plena de sus derechos humanos no tiene reversa. “Es importante estar en los parlamentos pero es fundamental nunca perder las calles”, dijo en el seno de una Comunidad Europea que empieza a crujir junto con los cimientos torcidos de la decadente oligarquía internacional. En México va siendo hora de poner en la mesa de la discusión nacional el realizar una auditoría ciudadana a nuestra disparada deuda pública. Asunto que tocaremos en la próxima entrega.
Martín Esparza Flores*/Primera parte
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