lo respeto a los derechos humanos

Sección:Articulistas Fecha:14 febrero, 2015

La cadena de atropellos es extensa

Martín Esparza Flores

Como resultante de la falta de autonomía en los órganos de impartición de justicia en México que se han convertido en abiertos defensores de la clase empresarial y los políticos en turno, al alentar la impunidad y pulverizar los derechos humanos, los integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada, dependiente de la ONU, lanzaron en Ginebra, su lapidaria opinión al informe rendido por el Estado mexicano, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, calificándolo de insustancial al no aclarar un sinfín de dudas en torno a los hechos suscitados en Iguala, el 26 de septiembre del pasado año.

Mal paradas quedaron las autoridades mexicanas ante la opinión pública internacional por la demanda de justicia que debieron hacer los padres de los estudiantes desaparecidos, allende nuestras fronteras, que sumaron su reclamo al de otras muchas injusticias que han sido socavadas por el corrupto sistema de impartición de justicia al dejar sin castigo a los responsables de más de 22 mil desapariciones forzadas del pasado gobierno —más las que se han sumado en el actual—-, permitiendo a los responsables de crímenes como los sucedidos en la mina Pasta de Conchos, o en la Guardería ABC de Hermosillo, burlar la acción de la justicia.

También en el foro internacional quedaron al descubierto los magros logros que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene en el terreno de los hechos en la defensa de los derechos elementales de millones de mexicanos.

El doble lenguaje manejado por el Estado mexicano sobre el aparente respeto a los derechos humanos no logró sorprender a los integrantes del comité internacional que pudieron enterarse del caso omiso que altos funcionarios hicieron, además, a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sobre el caso Ayotzinapa.

Debemos recordar que además de permitir que la violencia, la inseguridad y los abusos de poder sean los detonantes cotidianos de la muerte y desaparición de miles de mexicanos, el gobierno mexicano ha consentido otro tipo de abusos a los derechos laborales que también son considerados como derechos humanos en los tratados internacionales firmados por nuestro país y en nuestra propia Constitución.

En el sexenio pasado se cometieron toda una cadena de atropellos e ilegalidades en contra de miles de trabajadores mineros a los que les negaron su derecho a huelga en Cananea y en los complejos mineros de Sombrerete, Zacatecas y Taxco, sin pasar por alto el despido con lujo de violencia, en un clima de abierto golpe de Estado, en contra de los 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y las artimañas empleadas para alentar la quiebra de Mexicana de Aviación, lanzando al desempleo a otros ocho mil trabajadores.

La cadena de atropellos es extensa y en los momentos de crisis que vive el país ahora se suma la crisis que enfrenta el Estado de derecho, donde la impunidad a todos los niveles es el común denominador de una clase política y empresarial acostumbradas a torcer la ley y pisotear los derechos humanos para mantener intocables sus privilegios. Ahora, la cancillería anuncia que en junio estará lista una ley que sancione la desaparición forzada, como si esto bastara para corregir de fondo el problema.