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| La construcción del gasoducto Morelos en Puebla. Foto: Víctor Hugo Rojas |
PUEBLA, Pue. (apro).- HABITANTES
de la región de volcán Popocatépetl de Puebla y Tlaxcala son amenazados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las empresas españolas para otorgar los permisos para el paso del Gasoducto Morelos, denunciaron organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los habitantes son advertidos de que si no conceden los permisos, serán el Ejército y la Policía Federal quienes impondrán la obra.
Así declararon representantes del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos “Joel Arriaga” y el Centro de Derechos Humanos “Fray Julián Garcés”.
Por ello, adelantaron que este jueves acudirán a la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para pedir medidas cautelares hacia las poblaciones afectadas.
Jimena Ugarte, del Centro Fray Julián Garcés, dijo que esperan que la denuncia ante la CNDH avance, luego de que con estudios de la UNAM y del Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), está acreditado el peligro que representa el gasoducto para la vida y las formas de producción de los pueblos por donde atravesaría.
Además, denunció que las autoridades federales, estatales y municipales violan la libre determinación de los pueblos que en asambleas han decidido negar las servidumbres de paso para la instalación del gasoducto.
La activista aseguró que personal de la CFE y de empresas privadas contratadas por las constructoras españolas llegan a las casas con una carta de anuencia en las que recurren a una serie de mentiras para tratar de convencer a los afectados.
Entre los engaños dicen a los comuneros que la servidumbre de paso ocupará sólo 10 metros, no les afectará en nada y podrán usar sus terrenos como hasta ahora.
“Esto es totalmente falso porque con el gasoducto va a ser zona federal y de peligro y no van a poder hacer ninguna actividad de las que hacen ahora”, explicó.
Cuando los pobladores se han negado a firmar, continuó, les dicen “bueno este es un proyecto estratégico nacional y si tú no quieres firmar, vamos a venir con el Ejército, con la policía federal y de todas maneras vamos a tomar tu territorio y no te vamos a pagar nada”.
Ugarte agregó que esa tónica se ha aplicado en comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala para presionar a los pobladores y consideren el gasoducto –que abarca alrededor de 160 kilómetros–, como un hecho inminente.
Fernando Cuéllar, del Centro Joel Arriaga, aseguró que la CFE ha llegado a las comunidades para ofrecer proyectos de obra como arreglos de calles, canchas, alumbrado y la entrega de beneficios como ambulancias, con tal de que desistan de su postura contra la obra federal que es parte del Proyecto Integral Morelos.
La ilegalidad a la que han recurrido las autoridades para imponer esta obra, dijo, llega al grado de que en la actualidad se desconoce el trazo final, pues ha sido cambiado de manera arbitraria según encuentran la negativa de los permisos.
“El trazo del gasoducto es incierto, lo han cambiado mil veces y además dicen que tienen un kilómetro de chance para cambiarlo. ¿En qué ley está eso? ¿Dónde están los permisos para cambiar el trazo? No se puede cambiar arbitrariamente el trazo de una obra así”, reclamó Cuéllar.
La CFE y las empresas constructoras también han cometido delitos, aseguró, porque ingresan sin con maquinaria a los terrenos sin permiso y aún con la suspensión provisional por amparos federales que existe. Peor áun, cuando los pobladores piden apoyo de la policía para detenerlos, los uniformados se niegan a actuar.
El activista recordó que existe una denuncia ante la PGR por la violación a la suspensión provisional cometida el pasado 3 de junio, cuando máquinas de la empresa italiana Bonatti entraron a terrenos y dañaron cultivos.
“Quien está violando el Estado de Derecho es la autoridad de los tres niveles de gobierno”, detalló. Pese a ello, añadió, ocho personas están en prisión por participar en las protestas.
de la región de volcán Popocatépetl de Puebla y Tlaxcala son amenazados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las empresas españolas para otorgar los permisos para el paso del Gasoducto Morelos, denunciaron organizaciones defensoras de derechos humanos.Los habitantes son advertidos de que si no conceden los permisos, serán el Ejército y la Policía Federal quienes impondrán la obra.
Así declararon representantes del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos “Joel Arriaga” y el Centro de Derechos Humanos “Fray Julián Garcés”.
Por ello, adelantaron que este jueves acudirán a la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para pedir medidas cautelares hacia las poblaciones afectadas.
Jimena Ugarte, del Centro Fray Julián Garcés, dijo que esperan que la denuncia ante la CNDH avance, luego de que con estudios de la UNAM y del Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), está acreditado el peligro que representa el gasoducto para la vida y las formas de producción de los pueblos por donde atravesaría.
Además, denunció que las autoridades federales, estatales y municipales violan la libre determinación de los pueblos que en asambleas han decidido negar las servidumbres de paso para la instalación del gasoducto.
La activista aseguró que personal de la CFE y de empresas privadas contratadas por las constructoras españolas llegan a las casas con una carta de anuencia en las que recurren a una serie de mentiras para tratar de convencer a los afectados.
Entre los engaños dicen a los comuneros que la servidumbre de paso ocupará sólo 10 metros, no les afectará en nada y podrán usar sus terrenos como hasta ahora.
“Esto es totalmente falso porque con el gasoducto va a ser zona federal y de peligro y no van a poder hacer ninguna actividad de las que hacen ahora”, explicó.
Cuando los pobladores se han negado a firmar, continuó, les dicen “bueno este es un proyecto estratégico nacional y si tú no quieres firmar, vamos a venir con el Ejército, con la policía federal y de todas maneras vamos a tomar tu territorio y no te vamos a pagar nada”.
Ugarte agregó que esa tónica se ha aplicado en comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala para presionar a los pobladores y consideren el gasoducto –que abarca alrededor de 160 kilómetros–, como un hecho inminente.
Fernando Cuéllar, del Centro Joel Arriaga, aseguró que la CFE ha llegado a las comunidades para ofrecer proyectos de obra como arreglos de calles, canchas, alumbrado y la entrega de beneficios como ambulancias, con tal de que desistan de su postura contra la obra federal que es parte del Proyecto Integral Morelos.
La ilegalidad a la que han recurrido las autoridades para imponer esta obra, dijo, llega al grado de que en la actualidad se desconoce el trazo final, pues ha sido cambiado de manera arbitraria según encuentran la negativa de los permisos.
“El trazo del gasoducto es incierto, lo han cambiado mil veces y además dicen que tienen un kilómetro de chance para cambiarlo. ¿En qué ley está eso? ¿Dónde están los permisos para cambiar el trazo? No se puede cambiar arbitrariamente el trazo de una obra así”, reclamó Cuéllar.
La CFE y las empresas constructoras también han cometido delitos, aseguró, porque ingresan sin con maquinaria a los terrenos sin permiso y aún con la suspensión provisional por amparos federales que existe. Peor áun, cuando los pobladores piden apoyo de la policía para detenerlos, los uniformados se niegan a actuar.
El activista recordó que existe una denuncia ante la PGR por la violación a la suspensión provisional cometida el pasado 3 de junio, cuando máquinas de la empresa italiana Bonatti entraron a terrenos y dañaron cultivos.
“Quien está violando el Estado de Derecho es la autoridad de los tres niveles de gobierno”, detalló. Pese a ello, añadió, ocho personas están en prisión por participar en las protestas.
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