Energéticos y elecciones

Han transcurrido más de 16 meses desde la aprobación de las inconstitucionales y privatizadoras modificaciones a los artícu­los 25, 27 y 28 que establecían la exclusividad de la nación, el monopolio y la rectoría del Estado en materia de petróleo y electricidad, y más de ocho meses de la aprobación de sus leyes secundarias reglamentarias para garantizar la entrega de los energéticos a las grandes trasnacionales, desde la óptica de la integración subordinada a los intereses del imperio del norte. La situación no ha mejorado en nada, por el contrario, ha empeorado.

Por supuesto, las promesas de los neoliberales y vendepatrias no se han cumplido. La economía está y seguirá estancada. Los cientos de miles de empleos que el gobierno de Peña Nieto anunció para convencer de las bondades de la privatización energética se suman al rosario de mentiras oficiales desde la época de Salinas de Gortari y las mismas promesas de que el adelgazamiento del Estado y la venta de más de mil empresas generarían crecimiento y desarrollo, más escuelas, mejores carreteras, suficientes hospitales, e ingresos y salarios remuneradores, como lo establece todavía el artículo 123 constitucional.
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