Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, es la resultante de una serie de complicidades y encubiertos conflictos de intereses tejidos entorno a la amañada desaparición de Luz y Fuerza del Centro, en octubre de 2009; uno de cuyos trasfondos fue la entrega de su red de fibra óptica para explotación exclusiva del grupo empresarial panista comandado por los exsecretarios de Energía del foxismo Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond, este último exgobernador neoleonés que en 2000 apoyó la llegada de Cantú a la alcaldía de Monterrey, alentando de igual manera su arribo al Congreso de la Unión.
En pago a la labor de contención realizada desde su cargo parlamentario para impedir el surgimiento de una nueva empresa eléctrica que remplazara en la zona centro del país a Luz y Fuerza, y al silencio encubridor, guardado en su momento, sobre las denuncias por ordeña a los gasoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de Apodaca, en contra de la empresa gasera Solensa, propiedad de Canales Clariond y de su hijo Fernando Canales Stelzer, Felipe de Jesús Cantú buscará, fiel a su papel de ejecutor de órdenes, arribar al gobierno de Nuevo León no para atender a los reclamos de la ciudadanía sino del grupo empresarial al que debe su carrera política.
Baste echar un poco atrás la máquina del tiempo para recordar a los ambiciosos hombres de negocios, revestidos en su momento de funcionarios públicos y representantes populares, sobre sus aviesas intenciones fraguadas desde el gobierno de Vicente Fox para adueñarse de la red de más de 1 mil 100 kilómetros de fibra óptica que formaba parte de la infraestructura de Luz y Fuerza y que se concretó una vez que el decreto de extinción, emitido por Felipe Calderón, se ejecutara mediante el brutal uso de las Fuerzas castrenses y los grupos policiales del gobierno federal. Su amigo, el entonces presidente de la República, les allanó el camino a los influyentes regios.
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