La “empresa de clase mundial”, que por 12 años mostraron los panistas como arquetipo de transparencia, bonanza y eficiencia del sector energético, ahora se encuentra dando sus últimos estertores ante la quiebra de sus finanzas y el aumento irreversible de sus números rojos que, año con año, van al alza, debido en buena parte a la corrupción que desde años se enquistó en la estructura administrativa de sus niveles directivos y los ineficientes sistemas de operación, sobre todo en la zona centro del país, donde se han incrementado las pérdidas de energía. De 2012 hasta mediados de este año, los estados contables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) arrojaron un saldo negativo de 139 mil 192 millones de pesos, borrando en los hechos el último vestigio de su “clase mundial”.
A la distancia, es evidente que los 12 años en el poder del Partido Acción Nacional (PAN) llevaron a la Comisión Federal de Electricidad a la peor de sus debacles, y como en su momento lo alertó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por su silenciosa privatización que terminó por colocar a la antes paraestatal, hoy empresa productiva del Estado, de hinojos ante los intereses de las trasnacionales.
En 2010, y al dar a conocer los resultados de su análisis de la Cuenta Pública 2009, la ASF alertó con oportunidad y claridad: “En electricidad, la fiscalización superior tiene un amplio potencial en temas como la revisión de la capacidad de generación de la CFE, que está siendo subutilizada, con el aumento de los costos fijos y variables que ello implica, para permitir que los productores externos de energía (PEE) exploten y vendan al organismo público la electricidad que generan. Estos productores no asumen riesgos porque deciden vender a la CFE la energía que producen a los precios que pactaron en contratos que se extienden por 25 años y más. Existe un campo a evaluar por parte de la ASF en materia de licitaciones y permisos a permisionarios privados como Iberdrola, Électricité de France, Mitsubishi, AES Corporation, InterGen, TransAlta, entre otros, ya que la Comisión Reguladora de Energía ha autorizado inversiones y proyectos que están desplazando a los del servicio público nacional”.
Hoy, su actual director, Enrique Ochoa Reza, acaba de declarar durante su participación en la edición 25 de la Cumbre México, organizada por la revista The Economist, que el futuro de la empresa “descansa en reducir los pasivos laborales”, negándose a aceptar en un claro contrasentido lo que está por venir; es decir, los despidos masivos. De acuerdo con Ochoa, los pasivos de la CFE en este rubro ascienden, hasta 2015, a 591 mil millones de pesos.
La velada advertencia del funcionario sobre el colapso que espera a la CFE es parte de otra cortina de humo por donde nuevamente se escabullirán los panistas responsables del multimillonario quebranto a la empresa, que ahora tiene en la cuerda floja no sólo la estabilidad laboral de miles de trabajadores afiliados al charro Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), sino de paso a su régimen de jubilaciones, que pretende ser llevado sin distingo alguno a la imposición de las cuentas individuales.
Así, con los espejismos de la inexistente jauja hechos añicos, son los trabajadores y la sociedad quienes terminarán pagando los platos rotos de los excesos, corrupción, políticas antinacionalistas y desmedidos privilegiados que privaron al interior de la antes empresa pública.
Hay dos elementos que deben enjuiciarse en el actual contexto de la reforma energética que fueron omitidos por parte del Congreso de la Unión, como la aceptación de absorber los pasivos laborales tanto de CFE como de Petróleos Mexicanos –casi 2 billones de pesos– para transformarlos en deuda pública, es decir, en dinero que deberemos pagar todos los mexicanos como antes sucedió con el rescate bancario o el rescate carretero, a condición de llevar contra las cuerdas al Contrato Colectivo de los agremiados del SUTERM.
Por un lado, nadie ha concitado la responsabilidad de los panistas en este gigantesco hoyo negro ocasionado a las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, y que en buena medida tiene a la empresa productiva del Estado al borde del colapso financiero, al haber desoído las propuestas para sacar agua del barco, indicadas con precisión por la ASF; y, por el otro, el solapamiento y hasta la colusión criminal mostrada por exfuncionarios de Felipe Calderón que se negaron a acatar una resolución del Poder Judicial que obligaba a dependencias como la Secretaría de Energía, del Trabajo y Previsión Social, y la propia CFE a informar al Congreso sobre la desaparición de un Fondo Mutualista por 683 mil millones de pesos, producto de 50 años de ahorro de los jubilados del SUTERM, y que sus líderes mantienen en calidad de desaparecido, pese a existir un laudo de las autoridades laborales para devolver sus ahorros a sus legítimos dueños.
Ahora, lo que asoma por el horizonte de los agremiados del SUTERM son nubarrones de duras tormentas, sobre todo si se considera que ya en febrero de este año sus dirigentes aceptaron modificaciones a su Contrato Colectivo para facilitar el adelgazamiento de la plantilla de trabajadores mediante los despidos que considere pertinentes la empresa. El plazo fatal para miles de ellos se cumplirá, como ya lo anunció Ochoa Reza, en el ya cercano mayo de 2016, en que se buscará, además, que su incondicional líder, Víctor Fuentes del Villar, convenza a todos los trabajadores por igual de sumarse a la propuesta oficial de cuentas individuales para el retiro, con lo que perderán buena parte de sus derechos sindicales, cuando el dirigente charro todavía no les informa a sus jubilados dónde quedó el dinero de sus ahorros.
La justificación de los pasivos laborales para mutilar las prestaciones contempladas en su Contrato Colectivo, como se aprecia, no explica de raíz el problema del actual quebranto financiero de la CFE, como en su momento sucedió con la aún nebulosa extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), razón por la cual vale recapitular sobre el diagnóstico, preciso y contundente, realizado por la ASF tras el cierre de la paraestatal en octubre de 2009, que sigue generando infinidad de preguntas y cuyas respuestas aún se ocultan y adeudan al país.
Leamos y analicemos: “Deberá evaluarse, por parte de la fiscalización superior, el contexto económico, financiero, legal y político de la extinción y liquidación de LFC. En el marco del predominio de la inversión extranjera en una industria de generación y suministro de electricidad que constitucionalmente pertenece al Estado mexicano, habrá de revisarse qué tanto la liquidación de LFC, la propia subutilización de la capacidad instalada y desplazamiento de la CFE son resultado de la presencia de permisionarios privados y no tanto de deficiencias operativas y financieras del organismo liquidado. Qué tan expuesta está la CFE para que entre en un proceso similar o se convierta en un intermediario para comprar-vender electricidad y así salvar a los preceptos constitucionales”.
Ahora, en el entorno de la reforma energética, es indudable que la CFE ha entrado a un proceso similar al de LFC, a diferencia de que, para desgracia de sus trabajadores, no cuentan con un sindicato independiente y combativo como el Sindicato Mexicano de Electricistas para su defensa. La cuestión es: ¿reaccionarán a tiempo y buscarán librarse de su corrupta y sumisa dirigencia?
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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