Páginas

domingo, 30 de abril de 2017

Plantón de usuarios ante los miles de abusos de CFE



Plantón de usuarios ante los miles de abusos de CFE

 
Como prueba de uno más de los hartazgos sociales que brotan por todos los rincones del país, miles de ciudadanos expresaron el pasado 17 de abril su apoyo al plantón indefinido que montó a las afueras de la CFE, en la esquina de Insurgentes y Reforma, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), en demanda a la aplicación del programa “borrón y cuenta nueva”, que ponga fin al arbitrario pillaje en contra de los consumidores y frene la judicialización de los juicios entablados en su contra por la entidad pública; de igual forma, otro de los planteamientos torales es el establecimiento de una tarifa social  en favor de las clases más desprotegidas.
 
 
La acumulada lista de agravios y atropellos justifica ampliamente el enojo de los antes clientes de Luz y Fuerza con la Comisión Federal, ahora denominada “Empresa Productiva del Estado”. Tan sólo en la Ciudad de México las quejas por altos cobros reflejados en los llamados “recibos locos”, ascienden a más de 300 mil y la cifra se eleva a mayores proporciones en todo el país. Es de resaltarse que la ANUEE ha trascendido su campo de acción del Valle de México a estados como Oaxaca, Guerrero y Sonora, donde los consumidores enfrentan problemas y agravios similares a los usuarios del centro del país.
El problema social se ha agudizado porque instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor han terminado por colocarse al lado de la CFE, negándole sus derechos a los miles de usuarios cuyas demandas no avanzan. La conciliación, la suspensión de los altos cobros, así como una revisión a fondo de los casos les han sido negados en todos estos años por esta dependencia.
La gente se quedó esperando que se cumplieran las promesas del expresidente Felipe Calderón, que tras extinguir a Luz y Fuerza del Centro y despedir de manera autoritaria a 44 mil electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas, prometió que bajarían las tarifas, se mejoraría el servicio y habría un considerable ahorro a las finanzas públicas.
Apenas la CFE entró a operar el sistema eléctrico, aparecieron los “recibos locos” que en todos estos años  han quebrantado la economía familiar de miles de hogares humildes. Ha quedado demostrado que Calderón no sólo pisoteó los derechos de los agremiados al SME; además, hizo lo mismo con los usuarios de la energía eléctrica a los que jamás les informó que de la noche a la mañana pasarían a ser atendidos por una empresa con la que nunca firmaron  contrato y, por ende, no tendría una responsabilidad tácita y menos legal con ellos. Como hasta la fecha ha sucedido, generando una de las más aberrantes ilegalidades comerciales.
Pero no sólo eso, los consumidores han tenido que soportar un servicio de pésima calidad con incontables y recurrentes fallas, debido en buena parte al desmantelamiento de la red de cobre por una de aluminio y la imposición, también sin consulta alguna de por medio, de los medidores de prepago.
A la fecha no hay un solo usuario que avale o diga que tras el cierre de Luz y Fuerza y el arranque de la Reforma Energética, se han disminuido los costos de la electricidad. Desde aquel aciago 11 de octubre del 2009 en que a punta de metralleta fueron sacados de sus centros de trabajo los electricistas del SME, los precios de la electricidad se han incrementado en un 200 por ciento. Razón por la cual muchos productos han impactado sus costos y precios finales al consumidor. Y el asunto es una historia sin fin, porque cual si fueran los gasolinazos, los precios de la luz aumentan cada mes.
Llama la atención que desde el Congreso los diputados y senadores de los partidos que votaron a favor de la Reforma Energética ahora se encuentren muy callados y nada digan al respecto, cuando hace unos años en que se rasgaron las vestiduras para sacarla adelante, no se cansaron de propalar a los cuatro vientos los mil y un beneficios que traería al país su aprobación.
Las familias mexicanas, las empresas y comercios, contarían con importantes reducciones en sus recibos, dijeron entonces. Demagogia pura que ahora brilla por su ausencia en los discursos parlamentarios. Y hay que recordarles que en su momento, organizaciones sociales y sindicatos independientes como el SME, advirtieron a los legisladores de lo contraproducente que resultaría para la economía nacional quitar del marco constitucional la facultad exclusiva del Estado para generar y comercializar la electricidad.
Como parte del desmantelamiento del sector energético del país para abrir las puertas al capital nacional y extranjero, no bastó con desaparecer a Luz y Fuerza del Centro; de paso se eliminó la figura de Pemex y CFE como organismos públicos descentralizados para transformarlos en “Empresas Productivas del Estado”, atomizándolas en varias filiales para hacer negocios con los recursos naturales del país y con la propia infraestructura del Estado.
Desde el Congreso hay un explicable mutis de los legisladores ante el fracaso evidente de la Reforma Energética y la oferta de beneficios a la sociedad que se ve cada vez más inalcanzable conforme transcurre el tiempo.
Al lado de la ANUEE se han sumado el SME, la OPT y la Nueva Central de Trabajadores (NCT), organizaciones que han estado bregando al lado del pueblo de México para que los congresistas volteen a mirar a una sociedad agraviada con el asunto de las tarifas eléctricas y los abusos de la CFE.
En abril del pasado año presentamos una iniciativa que plantea reformas al artículo cuarto constitucional para reconocer el derecho a la electricidad como un derecho humano para todos los mexicanos, donde la electricidad no sea vista como una mercancía sujeta a los precios del libre mercado, sino como un medio de desarrollo integral de nuestra economía y de la sociedad en su conjunto. La propuesta fue acompañada de 427 mil firmas.
El plantón indefinido que se ha apostado a las puertas de la CFE debe servir para refrescarles la memoria a los congresistas y recordarles que tienen una cuenta pendiente con la ciudadanía. Es momento de resarcir algo de los muchos destrozos ocasionado tras el cierre de Luz y Fuerza, ahora que nuevamente están pidiendo el voto a aquellos a quienes tanto han defraudado.
Martín Esparza Flores
 
Contralínea 537 / del 01 al 07 de Mayo 2017


PROGRAMA FRECUENCIA LABORAL
SEMANA DEL
23 AL 29 DE ABRIL 2017 

Portal Semanario
Año 11. No. 591. del 23 al 29 de abril 2017
Premio de Comunicación Alternativa

MARCHA NACIONAL POR LA CIENCIA
*Urge Proteger a la Tierra de los Daños del Capitalismo Depredador
 
*En México los científicos tienen que aportar sus propios recursos para hacer su trabajo.
*El gobierno asignó para Ciencia y Tecnología  sólo 1% del PIB.
Foto de Carlos Guillén.

CHERÁN UNA ESPERANZA EN LA LUCHA POR EL RESCATE DE LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS

Domingo, 30 de Abril de 2017  
5:02:24 PM


 

PROGRAMA DEL SÁBADO 29 DE ABRIL 2017

   

domingo, 23 de abril de 2017

Megaproyectos derraman sangre indígena en México



 
Mientras un grupo de comuneros indígenas purépechas de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, reiteraba su demanda de justicia a funcionarios del gobierno de Michoacán, en la ciudad de Morelia, el pasado 5 de abril, a la misma hora decenas de camionetas pick up con seis y ocho policías a bordo irrumpieron de manera intempestiva en su comunidad allanando domicilios particulares y sembrando la muerte y el terror entre los habitantes. El “diálogo” de las autoridades se transformó en engaño y brutal represión, que dejó un saldo de tres muertos, uno de ellos menor de edad, varios lesionados y más de 10 detenidos.
 
No conformes con dejar tras de sí una estela de pánico y luto en Arantepacua, las autoridades procedieron a encarcelar a los 38 comuneros que habían aceptado “dialogar”; la mesa de negociación no fue más que una trampa, pues tan pronto salieron del Palacio de Gobierno fueron privados de su libertad bajo el cargo de que el autobús en que se trasladaron a la capital del estado “era robado”.
Los nombres de José Carlos Jiménez Crisóstomo, estudiante de enfermería de 25 años; del adolescente Luis Gustavo Hernández Cuenete de 15 años y el comunero Francisco Jiménez Alejandre de 70 años, asesinados a mansalva por policías estatales y ministeriales, se suman a la larga lista de campesinos e indígenas caídos o encarcelados en los últimos años por conflictos derivados de la defensa de su tierra, su agua y sus recursos naturales en miles de comunidades de todo el país, que se encuentran amenazadas por megaproyectos de energía, minería y otras actividades extractivas, donde las empresas nacionales y extranjeras gozan de la protección de las autoridades municipales, estatales y federales para alentar los despojos.
Por todo el territorio nacional los conflictos sociales crecen de manera exponencial ante los atropellos de la política económica capitalista que encontró en la aprobación de las reformas estructurales y sus leyes secundarias, el sustento jurídico para pisotear los derechos de por lo menos 31 mil núcleos agrarios que son susceptibles de afectación bajo el argumento de que, por ejemplo, los proyectos energéticos son de “interés público” y deben ponderarse en aras del desarrollo nacional.
Y si bien el artículo segundo de la Constitución dicta que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación de: “impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos”; en los hechos, los lineamientos de la reforma energética y sus leyes secundarias hacen del precepto constitucional una contradictoria letra muerta.
Ante todo y sobre todo, los megaproyectos deben ser protegidos por los tres órdenes de gobierno que no han dudado en encarcelar y desaparecer a los líderes sociales que se han opuesto a que comunidades enteras sean arrasadas.
Y lo peor está por venir, porque el terrible rostro de la devastación apenas se asoma en el horizonte nacional, aderezado por el apoderamiento de municipios y regiones enteras a manos del crimen organizado. Michoacán es una muestra palpable de la heroica resistencia de muchas comunidades indígenas que por medio de las autodefensas, han repelido a los maleantes que han intentado despojarlos de sus aguas y bosques y aplicarles el “cobro de piso”.
Los tres órdenes de gobierno se han vuelto cómplices de las multinacionales y de estos grupos delincuenciales que, a través de la fuerza de las armas, han desplazado a comunidades enteras para permitir la irrefrenable deforestación y extracción de minerales. La teoría del Estado fallido es una verdad tangible que la clase política gobernante insiste en negar aunque los hechos la reafirmen.
Lo registrado en Arantepacua pone de manifiesto el desinterés de las autoridades por atender los problemas y controversias de los pueblos originarios, así como la solución de otros conflictos sociales derivados de otras reformas como la educativa. Tras el derramamiento de sangre en esta comunidad, los informes oficiales reeditaron los mismos argumentos empleados en Nochixtlán, Oaxaca, al señalar que los policías que participaron en el operativo no llevaban armas y “fueron emboscados”. En el poblado oaxaqueño murieron 11 personas por heridas de arma de fuego. Los disparos provinieron de los cuerpos policiacos que también, supuestamente, no iban armados y fueron víctimas de una “emboscada”.
La detención de los 38 comuneros que acudieron a la trampa tendida por los funcionarios michoacanos y la de los otros 10 habitantes de la comunidad que fueron privados de su libertad bajo inexistentes cargo son parte de la estrategia que han puesto en marcha los gobiernos estatales para intimidar a los indígenas y campesinos que han decidido dar la lucha frontal por la defensa de sus territorios. A esta generalizada represión se han sumado sin recato alguno las fuerzas federales y las castrenses.
Para el criterio neoliberal, un indígena comete un delito más grave al defender sus derechos y sus tierras que un narcotraficante al asesinar y desplazar a comunidades enteras. Al primero se le encarcela e incluso se le asesina; al segundo, se le protege y respeta.
Ante esta escalada de agresiones a los pueblos originarios y núcleos campesinos, que irá en aumento, las organizaciones sociales y sindicatos independientes de todo el país debemos adoptar una posición más actuante en el terreno de la solidaridad, iniciando la tarea de convocar a un gran frente nacional que denuncie estos latrocinios y defienda el territorio nacional, así como los derechos de estos millones de mexicanos sobre la legítima posesión de su tierra, su agua y sus riquezas naturales. Inaplazable, por añadidura, echar atrás las reformas y sus leyes secundarias que permiten estos saqueos, pisoteando la Constitución.
 
Martín Esparza Flores