Recupera SME el “emblemático” edificio de Juárez 90

Recupera SME el “emblemático” edificio de Juárez 90 Fotos: Humberto Montes de Oca
Será la sede de la cooperativa LF del Centro. Redacción La Coperacha Ciudad de México // 21 de diciembre de 2017   El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) recuperó el edificio de Juárez 90, hecho calificado por la organización como “acontecimiento histórico”, luego de ocho años del despojo de su fuente de trabajo por medio de un decreto presidencial. El inmueble será usado como sede de la cooperativa LF del Centro, integrada por más de 16 mil socios de los “electricistas en resistencia”. Con su entrega la cooperativa y el sindicato han recuperado más de 30 predios y centros de trabajo. “Para nosotros, la recuperación de Juárez 90 significa que estamos de regreso, que no pudieron acabar con el SME y que ahora tenemos en nuestras manos la oportunidad de regresar al sector eléctrico”, afirmó Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior de los electricistas. El edificio está ubicado en la esquina de Avenida Juárez y Humboldt y el acuerdo de su entrega se logró durante el plantón de Bucareli en el mes de julio. Fue devuelto por el gobierno casi sin mobiliario, “como pasó en otros centros de trabajo, la CFE saqueó todo”, describió Montes de Oca. Con la entrega del céntrico edificio de cuatro pisos, sólo quedan por recuperar una parte del Conjunto Tacuba y la fábrica de postes de Vicente Guerrero, ubicado en Iztapalapa. “El edificio de Juárez 90 es emblemático para nosotros, su entrega al SME es un símbolo de nuestra lucha. No fue fácil arrancárselo al gobierno de Enrique Peña Nieto y a la Comisión Federal de Electricidad”, apuntó Montes de Oca.

SME Martín Esparza Asamblea General Ordinaria de Informe y Aniversario 14dic17

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Es hora de abandonar el inservible TLCAN

diciembre 12, 2017

Autor: Martin Esparza

 

Si tras la aprobación de la reforma fiscal de Donald Trump en el Senado estadunidense las autoridades mexicanas no operan un cambio de timón en la economía nacional y abandonan su necedad de aferrarse a un tratado comercial que en 23 años únicamente ha abonado pobreza, estancamiento y endeudamiento al país, el futuro de las nuevas generaciones estará seriamente comprometido.

Como un árbol que nació torcido en cuanto a los intereses nacionales se refiere, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) nunca enderezó sus ramas para dar sombra a nuestra economía. Desde un principio, los dados se cargaron a favor de los intereses de las grandes multinacionales estadunidenses y de un reducido grupo de empresarios nacionales que nunca visualizó al acuerdo comercial como detonante del desarrollo interno.

Cuando el presidente estadunidense anunció su intención de renegociar el Tratado quedaron al descubierto los saldos negativos acumulados por más de 2 décadas, a los que además de los cuantiosos desajustes en la paridad del peso frente al dólar y el crecimiento desmesurado de la deuda pública, se agregaron el desmantelamiento de empresas a manos del Estado –como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad– y la privatización de otras –como Teléfonos de México (Telmex) y Ferrocarriles Nacionales–, sin descontar la desaparición algunas más –como el caso de Luz y Fuerza del Centro–, hasta acumular un millar de ellas relacionadas con ramas económicas estratégicas, como los aeropuertos, puertos, aerolíneas y minería.

El pasado 21 de noviembre concluyó la quinta ronda de negociaciones del TLCAN levantándose de la mesa la comisión trinacional sin lograr avance alguno en los 30 capítulos discutidos. Hace unos días, en una votación apretada, los republicanos consiguieron en el Senado estadunidense sacar adelante la reforma fiscal propuesta por Trump para reducir el impuesto a las empresas estadunidenses de 35 a 20 por ciento, una tasa menor de la que pagan en otros países, incluido México. El objetivo es convencer a los empresarios de ese país sobre la ventaja tributaria de invertir en Estados Unidos.

Esto tiene, en lo inmediato, dos lecturas: la primera con clara dedicatoria del gobierno estadunidense a externar el réquiem al TLCAN y su inalcanzable renegociación; y la segunda, a los efectos que tal migración empresarial traería a la economía mexicana, sobre todo en el tema de la recaudación ante la imposibilidad de bajar la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) del nivel actual de 30 a 20 por ciento, con el fin de mantener cautivos a los empresarios estadunidenses, pues esto significaría la pérdida del 2 por ciento, en promedio, del producto interno bruto (PIB).

Una salida de esta naturaleza obligaría a contratar mayor deuda—que ya ronda los 10 billones de pesos, y un pago anual por servicios de la misma equivalentes a más de 500 mil millones de pesos— y en su defecto, a sopesar la opción de aplicar el impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas como una opción desesperada por compensar recursos vía impuestos.

Es hora de que la clase política gobernante y sus futuros candidatos a competir en 2018 se pregunten si, con este escenario adverso, es pertinente aferrarse a mantener este desfavorable acuerdo comercial. Ha llegado el momento de hablar con la verdad y anteponer el interés de las mayorías ante las ganancias de unos cuantos, para dejar en claro que sería Estados Unidos la nación más perjudicada con el fin del TLCAN.

Medios nacionales y estadunidenses han difundido un estudio auspiciado por la Cámara de Comercio del vecino país del Norte donde se señala que unos 14 millones de empleos de aquella nación dependen del flujo comercial derivado del Tratado. De tal manera que unas 100 mil pequeñas y medianas empresas se verían afectadas y orilladas a cambiar de actividad para no quebrar, en su calidad de importadoras de productos mexicanos o exportadoras exclusivas a México.

Abundantes análisis se han vertido desde el inicio de la renegociación en torno al capítulo laboral, donde los trabajadores mexicanos guardan una desproporción salarial de 10 a 1 en relación con sus homólogos de Canadá y Estados Unidos. Se ha documentado que en el agro nacional por lo menos 5 millones de trabajadores agrícolas y campesinos debieron emigrar a la Unión Americana para no morir de hambre ante la debacle que representó el TLCAN en esta rama de la economía.

Las empresas estadunidenses han tenido en México un “paraíso laboral” por los bajos salarios que pagan sus filiales asentadas en nuestro territorio, con la complicidad de sindicatos corporativos como la Confederación de Trabajadores de México. No ha habido en todos estos años beneficios tangibles al bolsillo de los trabajadores y al nivel de vida de sus familias.

Y preguntamos: ¿no son estas suficientes razones como para sacrificar un poco las ganancias en el mercado de los dólares y voltear la vista al fortalecimiento de la industria nacional y el mercado interno?

De hecho, la inversión nacional es tres veces y media más grande que la inversión extranjera directa, entonces ¿por qué no enfilar nuevos objetivos a mercados como el latinoamericano viendo por el bienestar de los trabajadores, a través del pago de mejores salarios? Son ellos, al final de cuentas, los que generan la riqueza y pueden fortalecer la economía interna si se les resarce su poder adquisitivo.

No hay por qué temer a perder algo que nunca se ha tenido de manera justa. Insistir en mantener un acuerdo disfuncional e inconveniente para México es repetir el error del pasado de no escuchar a los sectores directamente afectados. El gobierno de Carlos Salinas se abstuvo de convocar a una consulta pública que pusiera en la mesa de la agenda nacional el contenido del acuerdo comercial; hoy el grupo de renegociadores dio la espalda a la opinión y puntos de vista de los diversos sectores sociales y económicos afectados a 23 años del TLCAN. De nueva cuenta aparece la garantía de un rutilante fracaso.

Si la reforma fiscal de Trump echa por tierra TLCAN y pone a la baja la inversión externa en nuestro país, está la vía de optar por un cambio de paradigma que apunte al fortalecimiento de la industria nacional y de su capacidad productiva. La clave está en aprovechar la actual coyuntura para aplicar un cambio de rumbo que fortalezca a la maltrecha economía nacional. La desaparición del Tratado no es el fin del mundo como la tecnocracia política insisten en hacerle ver al país. Hay opciones viables y ha llegado el momento hacer un punto de quiebre en el modelo neoliberal antes de el futuro de la nación se nos escape de las manos.

 

Martín Esparza Flores*

[OPINIÓN]

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

 

Programa Frecuencia Laboral del sábado 2 diciembre 2017

Programa Frecuencia Laboral

  Sábado 02 diciembre 2017 

 

 



 

        

REGISTRO DE FIRMAS EN APOYO A LA C. MARYCHUY EN EL SUR DE ESTADO DE MÉXICO.

REGISTRO DE FIRMAS EN APOYO

A LA C. MARYCHUY

EN EL SUR DE ESTADO DE MÉXICO.

Este sábado 02 de diciembre en el Sur del Estado de México, se llevó a cabo el registro de firmas en apoyo a la aspirante por la candidatura independiente Marichuy.
Durante la actividad, los coordinadores de los pueblos de la región dieron información y se expusieron las ocho razones para otorgarle a la C. Marichuy nuestra firma de apoyo.

BENEFICIA A AFECTADOS POR COBROS EXCESIVOS. ALISTA CFE BORRÓN DE DEUDA A 70 MIL USUARIOS

Beneficia a afectados por cobros excesivos

Alista CFE borrón de deuda a 70 mil usuarios

Patricia Muñoz Ríos
Viernes 1º de diciembre de 2017, p. 16

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se comprometió con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (Anuee) a entregar el próximo 4 de diciembre un dictamen sobre un listado de más de 70 mil ciudadanos afectados por cobros excesivos, a los que se les aplicaría el borrón y cuenta nueva a sus deudas. Es decir, que se irían a cartera vencida.

Este compromiso es parte de los acuerdos que logró esta asociación con la empresa el pasado 23 de noviembre; también convinieron que el próximo lunes esta organización ingresará un segundo listado de afectados que se sumarán a la cartera vencida.
Ambos temas fueron tratados ayer en la mesa de trabajo que sostuvieron representantes de la Anuee en la Secretaría de Gobernación, con funcionarios de la misma y de la CFE. Previamente los usuarios realizaron un mitin afuera de la sede de la comisión en Paseo de la Reforma, de donde salieron en marcha a la Secretaría de Gobernación.
En la movilización, la Asamblea demandó que se cumpla la cancelación de los adeudos impagables a la empresa, que padecen miles de usuarios.

Anunciaron que la mesa de negociación podría continuar este viernes y que seguirán las movilizaciones semanales en los centros de trabajo y cobro de la empresa, lo que forma parte de la línea definida por la organización para que este año se resuelva el conflicto con los usuarios.

La asamblea detalló que además de la respuesta final que tendrá que dar la empresa sobre la constitución de la cartera vencida, la Secretaría de Energía aportará los criterios jurídicos que habrán de darle forma a este planteamiento del borrón y cuenta nueva, y como la Procuraduría Federal del Consumidor habrá de emitir lo pertinente para acabar el conflicto, además de revisar las vías para agilizar los procesos legales que los usuarios llevaron ante dicha instancia.
Incluso la SG se comprometió a iniciar las gestiones necesarias para que la Anuee sea recibida en la Cámara de Diputados con el fin de dar seguimiento a la entrega de casi 200 mil firmas y solicitar la elevación a rango constitucional de la energía eléctrica como derecho humano.

AGREGADOS AL PLAN DE ACCIÓN