Marchan para exigir un alto a los cobros excesivos de la CFE
Martes 18 de abril de 2017
Freno a los abusos y cobros excesivos e injustos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), echar abajo la reforma energética y borrón y cuenta nueva demandaron diversas organizaciones urbanas, sociales y sindicales que ayer realizaron una marcha, y mitin en las oficinas centrales de la CFE.
Encabezó la movilización la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la cual llamó a una huelga de pagos a la CFE y anunció que se mantendrá en plantón afuera del edificio de la empresa en avenida Insurgentes y Reforma. Participaron además integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Movimiento Urbano del Poder Popular, Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, entre otros. Demandan que se aplique una tarifa social justa, que este servicio sea un derecho humano, y que paren con los recibos locos. Señalaron que se mantendrán afuera de la sede de la CFE hasta que no se resuelvan los miles de cobros excesivos contra usuarios, las demandas y quejas de éstos. Coreaban una nueva consigna: ¡No pagaré si, no es con el SME El secretario del exterior del SME, Humberto Montes de Oca, planteó que en esta lucha del borrón y cuenta nueva los usuarios serán apoyados por este gremio, ya que el servicio de energía eléctrica no tiene por qué ser una mercancía inalcanzable para el bolsillo de los trabajadores que tienen tan bajos salarios en el país.
REDUCEN Y ELIMINAN BECAS DEL CONACYT PARA ESTUDIOS DE POSGRADO
Ponen en Estado de Sitio al Pueblo de Tecuautitlán
SAQUEAN LOS CERROS MEXIQUENSES
Funcionarios públicos del Estado de México, coludidos con empresas inmobiliarias, intentaron someter a los comuneros de San Martín Tecuautitlán, que rechazan la extracción de tezontle de sus cerros, para hacer el nuevo aeropuerto, porque destruyen el bosque.
La inevitable liberación de los precios de la electricidad
By Martin Esparza
Los buenos deseos de generar energía eléctrica limpia y económica en beneficios de los consumidores y los sectores productivos, plasmados en la reforma energética, se están derrumbando ante la cercana liberación de precios y tarifas que las leyes secundarias dejaron al libre albedrío de organismos ineficientes, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace); este último, encargado de regular el funcionamiento del mercado mayorista que dará servicio a los usuarios calificados.
Al agotarse los tiempos para iniciar la operación de los cambios anunciados aparece en la escena de los desencantos otro de los factores que terminará de echar por tierra la promesa oficial de una baja en las tarifas de los consumidores domésticos y que, seguramente, se ha ido aplazando por lo complicado del escenario electoral del presente año, sobre todo en el Estado de México, y la elección presidencial de 2018.
Esto es el fin de los subsidios que impactará a la frágil economía de los que menos tienen y que nuestros flamantes legisladores se encargaron de borrar en el texto del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), en cuyo contenido se lee:
“La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios.
“El Ejecutivo federal podrá determinar mediante acuerdo un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales al que refiere el párrafo anterior para diversos grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiera determinado la CRE.”
En la redacción final ya no está presente la obligación a que haya tarifas subsidiadas, únicamente abre la posibilidad de que así sea, otorgando por entero esa decisión al Ejecutivo federal. Si se toma en cuenta que los aumentos escalonados que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha venido aplicando desde hace 2 años a las industrias, comercios y usuarios de alto consumo doméstico, excusando el alza en los combustibles, como el diésel, gas y combustóleo con el que operan la mayoría de sus plantas de generación, lo mismo que los índices inflacionarios, es claro suponer que tarde o temprano este argumento servirá de pretexto para retirar de manera definitiva los subsidios a millones de familias, una vez que pasen las elecciones para no acrecentar el hartazgo social brotado luego de los gasolinazos de enero pasado.
Otro de los objetivos de la reforma fue eliminar las barreras para promover la competencia entre generadores públicos y privados en el mercado eléctrico mayorista brindando servicios a los llamados usuarios calificados, pero dejando el control y operación de la red eléctrica a la CFE, a través del Cenace, organismo encargado también de operar el funcionamiento de este mercado y la fijación de precios para, supuestamente, garantizar la libre competencia de manera equitativa e imparcial.
En la ley reglamentaria de la industria eléctrica se establece que el Cenace es un “organismo público descentralizado, encargado del control operativo del sistema eléctrico nacional, de operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución”.
Los diputados y senadores que votaron a favor de quitar la generación y comercialización de la electricidad en el ámbito de la Constitución, abriendo el sector a la inversión privada y a las leyes del libre mercado, no tuvieron el cuidado de establecer en las leyes secundarias las características necesarias y reglas claras que habrían de regir a este modelo de operador que tienen bajo su responsabilidad la programación y desarrollo de proyectos de generación, así como el surgimiento de un mercado competitivo, tal y como lo estableció el discurso oficial.
Surgido del seno mismo de la CFE, el Cenace dista de ser una entidad independiente y desligada de los intereses de la ahora empresa productiva del Estado: su estructura y equipo humano siguen teniendo la camiseta de la Comisión Federal de Electricidad, no alcanzando a entender su papel como el regulador del mercado eléctrico que la ley le asigna.
Y así como la CRE determina los precios de la electricidad con base en el costo de los combustible y de la inflación, el Cenace vienen manipulando, en el área de su competencia, los precios de la energía generada en las plantas térmicas, eólicas, solares e hidroeléctricas a su libre albedrío, buscando proteger los intereses de la CFE y dando al traste con la apertura del mercado que garantice una verdadera competencia en el campo de las energía limpias. Una contradicción más entre lo plasmado en las leyes y lo que se aplica en la realidad.
Resulta inconcebible, y doblemente absurdo, que con los recursos públicos se esté permitiendo que la CFE opere un dumping en el mercado eléctrico; éste año la ex paraestatal ejercerá un presupuesto de 400 mil millones de pesos, con lo que se encuentra en franca ventaja hacia sus competidores privados al obstaculizar, con la ayuda del Cenace, la aplicación de nuevas reglas; reservándose, por ejemplo, el acceso a la red y a la certificación de medidores, y lanzando veladas amenazas para los usuarios calificados que buscan obtener mejores precios contratando con otras empresas.
No hay que olvidar que es este sector de clientes –entre los que se cuentan fábricas, parques industriales, hospitales, bancos, hoteles, cadenas de tiendas comerciales, municipios y un sinfín de áreas productivas que mueven la economía del país– el que representa más del 50 por ciento de los ingresos de la CFE. El trasfondo que está impidiendo una competencia real y la consecuente reducción en las tarifas.
Cabe preguntar hasta cuándo las autoridades seguirán permitiendo esta simulación en los precios de la electricidad y su autoengaño para retardar la aplicación de las nuevas reglas del mercado eléctrico nacional establecidas en la reforma energética.
Es momento que los descuidados legisladores reflexionen que del desempeño del Cenace dependerá en buena medida el éxito o el fracaso de la reforma, en cuanto al sector eléctrico se refiere, dándose a la tarea de revisar las leyes secundarias para acotar la parcialidad del organismo en favor de la CFE. Y de paso, garantizar una tarifa social en pro de las familias de escasos recursos, ante el inminente retiro de los subsidios. Algo que se han guardado bien de ocultar al país.
Martín Esparza Flores
Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
No queremos compartir la pobreza, la miseria, la enfermedad, la riqueza ni la injusticia en cualquiera de sus formas. No es admisible que unos tengan tanto como para poder comprar el trabajo de millones de seres humanos ni que éstos tengan tan poco como para tener que venderse a otros para alcanzar ese mínimo de sobriedad que haga efectivos el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Todos vivimos por encima o por debajo de las necesidades para llevar una vida en sobriedad, equidad y sosiego como fruto de la justicia.
La situación de millones de seres humanos se hace insoportable y, con la complicidad de los medios de comunicación, nos sabemos vagabundos de internet capaces de hacer realidad lo que soñamos. Por eso queremos una sociedad de sobriedad compartida.
Junto a las amenazas de grupos terroristas, se alza la esperanza de una sociedad más justa y solidaria, más consciente de que forma parte del medio ambiente y que constituye una fraternidad en la que nos sabemos “bandada de hermanos”. Admiramos a las personas capaces de comprometerse con ideales generosos y de superar ideologías que hacen del ser humano un objeto de mercado, de fascinación o de intercambio. No queremos ser considerados como “recursos” pues no somos objetos para fin alguno porque todo ser humano es un fin en sí mismo, y por lo tanto, de valor inconmensurable.
Los jóvenes rechazan la guerra de invasión y pillaje en países fallidos por la codicia ajena, los paraísos fiscales, los grupos de poder que controlan un modelo de desarrollo inhumano e injusto en el que se confunde valor con precio. Se alzan cada día más numerosos contra la explotación del hombre por el hombre, y de los nuevos imperialismos sin imperios sobre el resto de la humanidad que habita tierras ricas en lo que ellos denominan “recursos”, buenos para ser explotados. Se alzan y protestan ante esta gestión financiera y mercantilista de una globalización para que los condenados del mundo hagan escuchar su grito contra la injusticia y construir unas formas de convivencia más cordiales y más humanas.
Desean participar en la cosa pública, sabiéndose cada uno igual a los demás y que, todos juntos, pueden más que los mandatarios que los gobiernan. En la sociedad de la comunicación ya no se puede engañar a muchos durante demasiado tiempo. Y los jóvenes lo saben y cada vez convocan a más personas mayores que corrían el riesgo de resignarse. Ni unos ni otros desean que sus descendientes sientan vergüenza de ellos porque, habiendo podido tanto, se hayan atrevido a tan poco. Ya es común la conciencia de que no nos juzgarán tanto por nuestros fallos como por los silencios que nos hacen cómplices de crímenes contra la humanidad. Pero también rechazan cantos de sirenas de populismos asamblearios y contradictorios una vez “tocan” poder.
No es de extrañar que el trabajo social en la comunidad se plantee como plataforma de reivindicación de justicia para que la solidaridad sea algo real. Como ser joven es mantener la capacidad de asombrarse y de comprometerse en una actividad que supere nuestra contingencia, el auge de los servicios sociales comunitarios ha encontrado entre los jóvenes un apoyo solidario y generoso. Pero son capaces de imaginar escenarios que ellos harán posibles, porque son necesarios. Toda utopía comenzó siendo una verdad prematura.
Saben que es posible la esperanza porque es posible decir no y ponernos en camino junto a millones de personas que no quieren resignarse. No se alzan contra la autoridad sino contra la prepotencia de oligarcas, de fanáticos y de demagogos. Nadie nos había prometido que fuera fácil y, si nadie tiene que mandarnos, ¿qué esperamos?
Vivimos tiempos hermosos en los que somos conscientes de que el ejercicio exclusivo del desarrollo integral de la persona y de la sociedad no compete ni al Estado ni a los partidos políticos ni a las diversas confesiones religiosas. Es el ser humano y sus opciones libres quienes deben ser los protagonistas de su desarrollo integral y el derecho a buscar la felicidad, pues el ser humano ha nacido para ser feliz.
La acción social de los ciudadanos siempre será necesaria porque aporta un plus de humanidad. La compasión no basta: es imprescindible el compromiso para que hagamos posible una sociedad de sobriedad compartida. Nos movemos acuciados por la pasión por la justicia y en nuestra tarea aportamos la delicadeza en el modo y la firmeza en los fines.
José Carlos García Fajardo*/Centro de Colaboraciones Solidarias
*Profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Director del Centro de Colaboraciones Solidarias
Contralínea 532 / del 27 de Marzo al 02 de Abril 2017
Poder Legislativo, verdugo de la clase trabajadora
By Martin Esparza
En su papel de cámara revisora a las modificaciones de la Ley Federal del Trabajo aprobadas por la Cámara de Diputados, referentes al método de integración de las nuevas tablas de riesgos y enfermedades de trabajo, el Senado convocó a una mesa de análisis en torno a este tema que amenaza con vulnerar los derechos de millones de trabajadores en el país, al dejar fuera de las valoraciones para fijar el monto de las indemnizaciones a expertos en la materia y a los propios legisladores. La cámara alta tendrá la facultad de ratificar o enmendar el entuerto.
El foro convocado por el senador Fernando Mayans Canabal, presidente de la Comisión de Seguridad Social del órgano legislativo, sirvió para que sindicatos independientes como el Mexicano de Electricistas externaran su punto de vista conminando a los miembros del Congreso a asumir la responsabilidad que la Constitución les confiere en su calidad de representantes populares para elaborar leyes que beneficien a las mayorías y no a los intereses de los empresarios nacionales y extranjeros.
Bajo cualquier óptica, resulta inaceptable que de manera irreflexiva los legisladores aprueben leyes que representen un retroceso a las conquistas de la clase trabajadora como fue el caso de la reforma laboral que ha traído más perjuicios que beneficios a los asalariados. Pero es doblemente censurable que los diputados consientan en ser desplazados de sus obligaciones estipuladas en la Constitución para actuar como factor de equilibrio entre los poderes de la Unión, como ocurrió con las reformas a los artículos 476, 513 y 515 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), a la que se adicionó un nuevo artículo, el 515 bis.
La reforma a la LFT coloca al margen de la instrumentación de las tablas al Poder Legislativo, dejando su emisión y actualización al titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría del Trabajo. Y es preocupante que se excluya de un tema de tanta importancia para los trabajadores a representantes de organismos encargados de prestar la atención médica a los trabajadores del apartado “A” como del “B”; es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cediendo su sitio a los patrones y a los sindicatos corporativos, fusionados en una Comisión Tripartita y sujetos a las decisiones de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (COCONASST).
Mediante la vía del mayoriteo, en San Lázaro se dio luz verde a estas modificaciones sin llevar a cabo un foro de consulta donde pudiera escucharse la voz de los verdaderos trabajadores y no de líderes acostumbrados a ir de la mano con los empresarios en la defensa de sus intereses. Pero lo que realmente sorprende es que los diputados aprobaran aminorar a los patrones una responsabilidad establecida en la fracción 14 del 123 constitucional, y al votar en pro de las modificaciones ellos mismos quedaran deslindados de su responsabilidad de velar por los intereses de los asalariados.
¿Acaso creen los miembros del Congreso que los líderes cetemistas defenderán las indemnizaciones de los obreros y empleados por enfermedades o accidentes de trabajo? Desde que el gobierno de Miguel de la Madrid estableció la política de los topes salarios, ellos hicieron eco a la política neoliberal bajo el argumento de que la contención salarial regulaba la inflación. Año con año, la pérdida del poder adquisitivo de las familias de menores recursos es consecuencia directa de los mini salarios y los micro aumentos permitidos por la mayoría de los legisladores.
Este sindicalismo corporativo tampoco movió un dedo cuando la administración de Ernesto Zedillo modificó el sistema de pensiones para entregar los ahorros de los trabajadores a los banqueros a través de las Afores, que desde hace 20 años han sangrado los millonarios recursos excusándose en las llamadas “minusvalías” (pérdidas autorizadas). Este modelo que fracasó rotundamente en países como Chile no garantiza un retiro digno a millones de mexicanos y es boleto seguro a la miseria para quienes se jubilarán en la próxima década.
Los partidos mayoritarios defendieron en su momento a la Reforma Laboral como el mecanismo que detonaría el empleo al flexibilizar el mercado laboral y traería mejores prestaciones a la clase trabajadora. Han pasado cinco años desde su puesta en marcha y las cosas no han pintado nada bien para los asalariados, sobre todo jóvenes que bajo el esquema de los contratos de prueba y la legalización de las outsuorcings, no tienen garantizada su estabilidad en el empleo y carecen del acceso a la seguridad social.
Por eso, en el Senado planteamos en la mesa de análisis de las tablas de enfermedades y riesgos de trabajo, la urgente reflexión para que senadores y diputados se pregunten si es aceptable que en un país que se pregona como democrático y respetuoso de los derechos fundamentales del ser humano, como lo es el derecho al trabajo, sea permisible la pérdida sistemática de derechos laborales.
Y cuestionar ¿dónde ha quedado el papel de los legisladores en la defensa del estado de derecho a través de la expedición de leyes más justas?
De acuerdo con las cifras del IMSS, anualmente se registran en México 1 mil 412 muertes por riesgos laborales y 411 mil accidentes de trabajo; es decir, que de ratificarse en el Senado las modificaciones hechas a la Ley Federal del Trabajo, casi medio millón de mexicanos estarán en riesgo de perder una indemnización justa agudizando con ello su precariedad y la de sus familias.
Las autoridades hablan de que se ha dado un incremento en los puestos de trabajo, basados en los datos del Seguro Social, pero no dicen que estas nuevas plazas son de salarios precarios que al menos en el caso de 21 millones de empleos, estos no rebasan los dos salarios mínimos al mes. De ahí la trascendencia de que los legisladores estén conscientes de las consecuencias sociales que puede traer la aprobación al vapor y de manera irreflexiva de ordenamientos que permitirán menoscabar los ingresos de la clase trabajadora en su conjunto, vía las indemnizaciones por enfermedad o por accidentes.
Por si esto no bastara para echar marcha atrás a este retroceso en la seguridad social, en la Comisión Tripartita encargada de la elaboración de las nuevas tablas no está presenta la legítima voz de los trabajadores. No puede aceptarse dejar la determinación del monto de las indemnizaciones en manos de los empresarios, los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y los líderes charros. ¿Quién les cuidará las manos y vigilara que los porcentajes no sean reducidos de forma caprichosa y bajo criterios netamente administrativos?
La cámara alta tiene ahora la facultad de convocar a especialistas en el tema y a organizaciones sindicales ajenas a la esfera corporativista, para que la actualización y revisión de las tablas deriven en indemnizaciones más justas para millones de mexicanos. Es momento de que los legisladores decidan si realmente asumen su papel como representantes populares o se colocan públicamente la capucha de verdugos de la clase trabajadora.
Martín Esparza Flores
Contralínea 532 / del 27 de Marzo al 02 de Abril 2017
El Gasolinazo Mermó Gravemente al Poder Adquisitivo
PERDIDA SALARIAL DE 31% EN EL SEXENIO
Muy lejos de recuperarse, el salario pierde año con año su capacidad de compra debido a políticas económicas obligan a las familias a dejan de comprar alimentos, por lo cual más de 4 millones de mexicanos se sumarán a las filas de la pobreza alimentaria en el actual sexenio.
Convocan a Foro de Expertos en el Senado el 14- marzo-17
